La presión por terminar con las prisiones privadas que cada año encierran hasta medio millón de inmigrantes aumentan en todo el país y San Diego juega un papel determinante.

Pedro Ríos, director del proyecto fronterizo del Comité de Servicios Amigos Americanos, explicó que luego que el Departamento de Justicia decidió terminar contratos con las cárceles privadas aumentó la presión para que también el Departamento de Seguridad Interior finalice contratos.

“Si el Departamento de Justicia ya comprobó que son cárceles inoperantes que solo lucran con el dolor de las personas, no vemos por qué el Departamento de Justicia, que usa esas cárceles todos los días, pueda llegar a conclusiones distintas”.

En San Diego organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), Personas Sobre Ganancias, y la Coalición de Comunidades Fronterizas se han manifestado en contra del uso de esas prisiones.

Luego de que el Departamento de Justicia inició la liquidación de contratos con las cárceles pro negocio, el de Seguridad Interior anunció que va a considerar terminar también con esos contratos.

Las organizaciones de San Diego argumentan por separado y cada una en su propia versión que un reporte de la Oficina del Inspector General en el que se basó el Departamento de Justicia es muy claro y no necesita mayores conideraciones.

El reporte dice que las cárceles privadas operan sin transparencia y tienen tendencia a conflictos.

En Otay hay una cárcel privada para 1,567 personas, y en el vecino Valle Imperial otra para 782 personas. Esas dos cárceles tienen que mantener el mismo número de presos. Si salen unos, deben entrar otros para cubrir “cuotas” que el Departamento de Seguridad paga por adelantado, cuando el congreso aprueba cada año el presupuesto federal.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que se encarga de buscar migrantes y hacer redadas, es la encargada de cubrir esas “cuotas”.

“El 62 por ciento de los centros de detención para inmigrantes son prisiones con fines de lucro. No es ningún secreto que estas instalaciones son peligrosas, inhumanas y propensas al abuso, por lo que el Departamento de Justicia decidió iniciar la eliminación gradual de las prisiones privadas en agosto de 2016”, declaró por escrito la Coalición de Comunidades Fronterizas.

Mientras que el Comité de Amigos impulsó una campaña nacional la semana pasada para terminar con las prisiones, Gente Sobre Ganancias prepara una protesta masiva el 6 de octubre en Barrio Logan.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com