La investigación de la muerte de Alfred Olongo quedó en manos de la policía de El Cajón mientras siguen las protestas y hasta esta semana habían sido detenidas 17 personas.

Cuando el oficial Richard Gonsalves disparó cinco tiros contra Olongo, un inmigrante ugandés, la policía se apresuró a confiscar celulares de testigos, incluidos los de empleados de una taquería que fue obligada a cerrar.

La policía sólo atinaba a informar por su cuenta de Twitter y se apresuró a extraer de uno de los videos de celular una foto en la que Olongo parece apuntar con un objeto al agente que le disparó de muerte.

Pero la actitud e imagen de la policía no coincidieron con versiones de testigos, especialmente de la hermana de Olongo. La mujer dijo que había llamado al número de emergencias tres veces para pedir que le ayudaran a tranquilizar a su hermano y a llevarlo a tener ayuda psiquiátrica.

Quien llegó fue la policía y menos de un minuto después de cerrar el paso a Olongo, Gonsalves le descargó su arma reglamentaria.

“Por qué lo mataron, por qué no le dispararon con el taser”, cuestionaba la hermana de Olongo a los policías entre fuertes sollozos.

La acción se divulgó rápidamente en redes sociales y la policía declaró que el caso había sido entregado a la procuraduría de distrito y por tanto no iba a informar más.

“Nosotros no confiamos en la procuradora de distrito Bonnie Dumanis, queremos una invesyigación federal”, declaró el reverendo Shane Harris, dirigente local de la Red Nacional de Acción, quien junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) exigió la presentación de los videos confiscados.

“La procuraduría se va a poner del lado de la policía”, argumentó Christopher Rice Wilson, de Alianza San Diego.

Entonces comenzaron las protestas y manifestaciones. Ante la presión, tres días después de la muerte de Olongo, el jefe de policía de El Cajón, Jeff Davis, se rodeó con sus colegas de San Diego, Chula Vista y Escondido, con la procuradora Dumanis y un par de dirigentes de la comunidad afroamericana. Dijo que presentaba los videos en aras de la seguridad pública.

Davis declaró que la foto que divulgó su departamento también fue difundida para tratar de salvaguardar la seguridad pública.

Según el jefe, algunos manifestantes arrojaron botellas con agua a policías y un par de ellos también agredió y quitó su cámara de video a un reportero.

Pero ahora, de acuerdo con organizaciones, con el pretexto de salvaguardar la seguridad pública, la policía de El Cajón se excede en su respuesta a la comunidad.

“La respuesta de la policía es exagerada, con esa excusa de proteger la seguridad, más bien nos presentan como criminalizándonos”, dijo la dirigente Estela de los Ríos, directora del milticultural Centro para la Promoción Social, quien acusó que entre los manifestantes se habían colado algunos provocadores para obligar o justificar acciones de la policía”.

“Yo los conozco a casi todos en El Cajón porque llevo 40 años de vivir aquí y los que veo que están provocando no son de aquí, eso nos llama mucho la atención”, explicó la dirigente quien tiene a su cargo vínculos entre comunidades latina, afroamericana, inmigrante de Medio Oriente y los escasos asiáticos de esa zona del condado.

De los Ríos incluso tomó fotos con su celular a un par de hombres que llegaron con una pickup blanca grande con banderas de Estados Unidos y confederada, que llegaron con armas de fuego al cinto y a la vista, sin que a ellos los detuviera la policía.

“Eso sí pone ne riesgo la seguridad pública y sí provoca, pero a ellos no los detienen”, dijo la dirigente.

La policía había colocado grupos con equipos antimotines en cada intersección de la zona céntrica, prohibía que los manifestantes se reunieran en una protesta detuvo hasta a 17 personas. La Aclu advirtió que investigaría las detenciones porque más bien parecían anticonstitucionales.

Por su parte el portavoz de la procuraduría de distrito, Jesse Navarro, explicó que el caso de la muerte de Olongo quedó en manos de la policía de El Cajón. La procuraduría podría intervenir únicamente cuando esa averiguación termine y si entonces lo juzga necesario.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com