San Diego.- El presidente electo, Donald Tremp, podría ser llevado ante una corte si implementa una política migratoria que viole la constitución, advirtió la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).

Hasta ahora el presidente electo ha hecho declaraciones contras la comunidad inmigrantes, entre otras, con promesas que se sirvieron para ganar simpatías de electores opuestos a la inmigración indocumentada, pero la ACLU advirtió que si Trump llegara a poner en práctica sus promesas de campaña violaría leyes y convenciones y tendría que ser llevado ante una corte.

La posición que Trump expresó en materia de migración durante su campaña “viola la primera, cuarta y quinta enmiendas de la constitución estadunidense, la ley federal de migración y naturalización y el derecho internacional de la Convención Contra la Tortura y la Convención para Refugiados”, advirtió la organización, la mayor de derechos humanos y civiles en el país.

“Si Donald Trump implementa sus políticas propuestas de migración, lo veremos en la corte”, advirtió la ACLU.

El director nacional de la ACLU, Anthony Romero, dijo que hay más de 300 abogados en los 50 estados del país designados para responder en caso de que, al ponerse en práctica, las políticas de migración de la administración entrante violen la constitución. Sin embargo la organización sin fines de lucro cuenta con más de medio millón de abogados voluntarios en el país.

“Desde el punto de vista de los derechos civiles, no hay mecanismo concebible para cumplir con las redadas que Trump ha prometido mientras que al mismo tiempo se respeten los derechos más básicos constitucionales”, detalló Romero.

Explicó que los inmigrantes indocumentados no son reconocibles para los agentes de migración, a menos que ocurra algo que los haga identificables, por lo que podrían cometerse errores.

El fin de semana Trump declaró en entrevista televisiva que planea deportar lo antes posible a entre dos y tres millones de indocumentados con antecedentes penales.

Esa política es idéntica a la que rigió durante la administración del presidente Barack Obama y que está vigente desde que entró en vigor una ley de 1996. Este año el actual secretario de Seguridad, Jeh Johnson, reiteró la política de priorizar la deportación de indocumentados con antecedentes penales.

Sin embargo Trump no detalló en su entrevista del fin de semana cómo planea deportar después a los restantes ocho millones de indocumentados.

La ACLU había calculado que para deportar once millones de indocumentados como Trump propuso en su campaña electoral, los agentes de migración tendrían que detener y deportar 15 mil personas cada día los 365 días del año.

Romero consideró que es imposible realizar una tarea como esa sin cometer violaciones constitucionales.

La directora de la ACLU para la región fronteriza de California, Norma Chávez Thompson, comentó por su parte que la posibilidad de llevar al presidente de Estados Unidos ante una corte no es una posición retórica ni pomposa.

“Desde su fundación en 1920, la ACLU ha responsabilizado a cada presidente en turno por su juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución de Estados Unidos; para nosotros Trump no es algo nuevo y si villa la constitución tampoco va a ser el primero” que la organización tenga que demandar, explicó.

La ACLU publicó en el diario The New York Times tras el triunfo electoral de Trump una carta abierta al presidente electo para pedirle que reconsidere las políticas que usó en su plataforma electoral no solo con relación a la migración sino también en diversos temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues esas políticas podrían violar la constitución si se ponen en práctica.

La carta destacó algunas promesas de campaña de Donald Trump que podrían violar la constitución estadunidense:

Una deportación masiva de once millones de indocumentados; prohibir que los musulmanes entren al país, o imponer medidas drásticas de vigilancia contra esa comunidad; restringir el derecho de las mujeres al aborto; reautorizar formas de tortura y atentar contra la libertad de expresión.

Esas propuesta no solo son contrarias a los estadunidenses o mal pensadas, son ilegales y violatorias de la constitución, aclaró la carta abierta.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com