Los planes del presidente electo, Donald Trump, de deportar a millones de indocumentados comenzaron a estrellarse contra un muro de oposición de funcionarios y agencias del orden en California, donde viven entre dos millones 670 mil y tres millones de migrantes, la mayoría de ellos mexicanos, de acuerdo con diversas fuentes oficiales y extraoficiales.

Según el Instituto de Política Pública de California, en el estado viven un millón 388 mil 400 indocumentados mexicanos. La población de indocumentados en California que Trump priorizaría para deportación asciende en California a unas 300 mil personas, de acuerdo siempre con cálculos extraoficiales, y sus delitos van desde quienes deben multas de tránsito hasta crímenes serios.

Pero una ley estatal de California que entró en vigor el primero de enero del 2014, el Acta de la Confianza, prohíbe a las autoridades policiacas colaborar con las de migración.

“La responsabilidad de aplicar las leyes de migración corresponde a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, declaró categórica este jueves la jefa de policía de San Diego, Shelley Zimmerman, al hacer eco a colegas suyos y alcaldes en California.

Los alcaldes de San Francisco, Sacramento y Los Ángeles, entre otras de las principales ciudades, han declarado desde que Trump ganó la elección que no van a colaborar en los planes de deportar a sus residentes indocumentados.

En el caso de San Diego, donde el alcalde Kevin Faulconer es republicano, el funcionario se ha limitado a declarar que “en nuestra frontera y relación con (la hermana ciudad de) Tijuana no hay cupo para la retórica”.

Pero además tanto la jefa de policía de San Diego como el alguacil del condado se oponen a participar en redadas y búsquedas de indocumentados.

“Nosotros no revisamos la condición migratoria de detenidos ni de testigos”, reiteró Zimmerman; una portavoz del alguacil aclaró que su oficina avisará a oficiales de migración cuándo saldrán de la cárcel del condado los indocumentados, pero no los va a retener a la espera de que lleguen a detenerlos para deportarlos.

En Los Ángeles, donde vive por lo menos un millón de indocumentados, el jefe policiaco Charlie Beck, precisó que esa ciudad es desde 1979 “santuario” –donde las autoridades locales no colaboran con las federales de migración—y va a continuar como tal.

En San Francisco el alcalde Ed Lee también reiteró que su ciudad es santuario, aun cuando Trump advirtió el domingo en entrevista con la cadena CBS que retirará fondos a ciudades “santuario”. El alcalde mencionó un balance con los impuestos que pagan los indocumentados.

Su colega de Sacramento, el entrante alcalde Darrell Steinberg, declaró anoche que en esa ciudad donde viven más de 65 mil indocumentados “queremos dejan muy en claro que nosotros seguiremos siendo una ciudad santuario”, como ha sido desde 1985.

Como ellos, funcionarios, autoridades de ciudades, de condados y estatales han establecido gradualmente que California no va a cooperar con los planes de deportaciones de Donald Trump cuando asuma la presidencia en enero próximo.

La primera vez que el gobernador Jerry Brown mencionó, entonces a modo de broma, que si Donald Trump ganaba la elección, California tendría que levantar un muro para aislarse de Estados Unidos fue en marzo de este año, al hablar con dirigentes laborales acerca de la barda que el ahora presidente electo dijo que construiría en los límites con México.

Ahora el muro más que físico es político. En un comunicado conjunto del gobernador y los dos latinos que residen el senado y la cámara baja, Kevin de León y Anthony Rendón, respectivamente, declararon que mantendrán la política de bienvenida a los inmigrantes.

De León fue todavía más claro: “Es erróneo, y profundamente irresponsable, sugerir que alrededor de tres millones de indocumentados viviendo en los Estados Unidos sean criminales peligrosos — y el amenazar con deportarlos inmediatamente sólo puede exacerbar la angustia y la ira, sin precedentes, que divide actualmente a nuestra comunidad estadounidense”.

Los migrantes viven casi todos en familias de condición migratoria mixtas donde unos son ciudadanos estadunidenses, otros residentes legales y otros indocumentados.

De León advirtió sobre “una política pública catastrófica de deportación en masa que separará a las familias y debilitará nuestra economía”.

Pero también tuvo este mensaje para los propios indocumentados:

“Quiero asegurar a los millones de personas que están aquí buscando y contribuyendo al sueño Californiano, pero que no tienen documentación para su residencia legal, que el estado de California los apoya completamente. Los líderes estatales defenderán sus derechos y agresivamente aprovecharemos todas y cada una de las herramientas a nuestro alcance, para prevenir una extralimitación irresponsable por parte de una administración Trump en California”.