Más de 740,000 jóvenes indocumentados, en su mayoría estudiantes, a quienes el presidente Barack Obama dejó trabajar, estudiar y residir legal y temporalmente en el país, se encuentran vulnerables a potencial deportación bajo la presidencia de Donald Trump.

“Para solicitar la Acción Diferida, entregamos toda la información de identidad; tienen nuestros nombres, nuestra dirección, nuestras fotografías, hasta nuestras huellas digitales”, explicó a El Latino “Mariana” (prefiere llamarse así), una estudiante del Colegio Comunitario de San Diego.

El colegio oficialmente reconoció una creciente ansiedad entre estudiantes indocumentado y que por ahora carece de respuesta que pudiera generar confianza.

“Tras la elección general, los estudiantes nos han contactado para expresar sus preocupaciones, incertidumbre y ansiedad con respecto a las políticas que apoyan su educación. Dado el clima político divisivo y la intensa especulación de los medios sobre lo que está por venir, estas preocupaciones son comprensibles”, informó el Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego en memorándum.

Al programa de Acción Diferida o DACA, por su contracción en inglés, se han acogido por lo menos unos 742 mil jóvenes que llegaron al país como indocumentados cuando eran pequeños al acompañas a sus padres y que crecieron en Estados Unidos y lo consideran su país, pues desconocen la vida en otras naciones.

En el 2012 el presidente Obama decidió que esos jóvenes que se educaban y crecían como estadunidenses merecían la oportunidad de estudiar en cursos superiores y trabajar legalmente, pues iban a permanecer en Estados Unidos.

“Para mí fue un cambio total en mi vida”, platicó Mariana, “yo vivía en la depresión, con miedo a salir con mis compañeros de la escuela, miedo a decirles que era indocumentada, a buscar trabajo, a solicitar becas, a ir a conciertos, a todo”.

“Imagínate una vida así y que de pronto ya puedes estar tranquila, sacar tu licencia de manejo, encontrar trabajo, comprarte un carrito y comenzar a ir al colegio y pronto a la universidad; ayudar a tus papás con los gastos, todo, todo fue un gran cambio”, expresó.

Pero ahora, dijo, todo esto puede terminar y hasta empeorar, pues se siente vulnerable porque Trump aseguró en campaña que terminaría con DACA, y la información que los jóvenes entregaron con confianza en las autoridades federales, piensa, ahora podría usarse para ubicarlos.

De acuerdo con datos generales, por lo menos dos de cada tres jóvenes soñadores o beneficiarios de DACA son de origen mexicano.

También al menos dos de cada tres residen en el estado de California. El gobernador Jerry Brown y los presidentes de ambas cámaras, ambos latinos, el senador Kevin de León y el asambleísta Anthony Rendón, anunciaron que enfrentarán políticas de Trump en materia de migración y salud. Pero DACA es un programa federal.

La congresista Judy Chu, de Los Ángeles, pidió al presidente Obama esta semana que antes de entregar el poder a Donald Trump ordene proteger la identidad y los datos de los jóvenes que confiaron en su programa de Acción Diferida.

“Estos jóvenes y sus familias proporcionaron una extensas información sensible al gobierno, incluyendo huellas dactilares y domicilios familiares, con el entendimiento de que no se usarían contra ellos. Les prometimos seguridad. Ahora se enfrentan a una pesadilla”, dijo Chu en declaraciones escritas.

Agregó que “cuando pedimos a los inmigrantes que salieran de las sombras, nunca imaginamos la elección de un candidato que aplicaría una política de deportación en masa. Ahora que Trump ha sido elegido, tenemos poco más de dos meses para prevenir que la lista de jóvenes se convierta en una lista de objetivos para la deportación”.

Declaró categórica que “debemos hacer lo correcto hoy, o arriesgarnos a perder la confianza de los vulnerables para siempre”.

Mariana confesó sentirse “totalmente devastada”. Dijo que no ha podido concentrarse en estudiar y por suerte sus profesores le han expresado entendimiento, pero desde que gano la elección Trump tiene problemas para conciliar el sueño, está agotada y el nerviosismo la agota aún más. También ha perdido el apetito.

“Pues es mucha angustia”, dijo con un suspiro, “me parece tan injusto”.

La dirección de los Colegios Comunitarios en San Diego ha pedido a los alumnos indocumentados esperar a que la siguiente administración asuma y entonces decida qué es lo que va a hacer con respecto al programa de DACA.

En noviembre del 2014 el presidente Obama giró nuevas órdenes ejecutivas para ampliar DACA e iniciar un programa similar para el resto de los indocumentados, que fueran padres de estadunidenses dependientes, carecieran de antecedentes penales y hubieran estado en el país al menos cinco años consecutivos sin enfrentar problemas.

Un juez federal en Texas frenó esas órdenes y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que determinó en junio de este año dejó sin aprobación las órdenes del presidente con una votación de cuatro a favor y cuatro en contra, pues hay un puesto vacante actualmente en ese tribunal.

Donald Trump dijo en reacciones en su cuenta de Twitter que “la decisión de la Corte Suprema bloqueó hoy una de las acciones más inconstitucionales jamás realizado un presidente”.

Dijo que los programas que ordenaba Obama eran “una amnistía ejecutiva” que había borrado las decisiones del congreso para “otorgar permisos de trabajo y beneficios a las personas ilegalmente en el país”.

En el estado de California hay 111 planteles de los Colegios Comunitarios de California (CCC), sistema al que pertenecen todos los del condado de San Diego. Por ser una institución de educación superior que pertenece al estado, California puede tomar decisiones independientes y desde el 9 de noviembre el gobernador y los líderes legislativos aseguraron que mantendrán su posición.

Más aún, hay por lo menos tres leyes estatales de California que permiten a los indocumentados estudiar en instituciones superiores y universidades con las mismas colegiaturas que pagan los residentes legales y ciudadanos estadunidenses, y que les autorizan a conseguir becas, tanto oficiales como privadas.

Esta semana un grupo de estudiantes de diversos planteles de la Universidad Estatal de California (CSU) reunió en solo un par de días y entregó a su rectoría una petición que avalaron por lo menos cinco mil estudiantes.

La petición solicita que las autoridades escolares no vayan a colaborar con autoridades de migración si lo pidieran, que fuera una “universidad santuario”.

El rector, Timothy White, respondió casi de inmediato positivamente. “La misión de la más grande institución educativa en la nación es dar educación y aceptar la diversidad de sus 470,000 estudiantes; nuestro centro de enseñanza mantiene un compromiso de alentar el aprendizaje y ofrecer un clima de bienvenida y de seguridad a todos los estudiantes, incluidos los que llegaron aquí indocumentados”, aseguró el rector.

Ahora otro grupo reúne formas para una campaña similar ante el sistema de la Universidad de California (UC).

Al cierre de esta edición el presidente Obama todavía no tomaba medidas para proteger a los soñadores, como le pidieron los congresistas.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com