La mesa directiva del Distrito Escolar Unificado de San Diego pidió a Donald Trump que aclare a los estudiantes que están seguros en sus escuelas y exhortó a las autoridades de migración que confirmen que las escuelas son lugares donde no harán redadas ni buscarán personas para deportaciones.

“Hacemos un llamado al presidente electo para que continúe los programas de DACA y para que declare sin dudas los derechos de todos nuestros estudiantes de atender sus clases sin miedo a ser detenidos o deportados”, dijo la superintendente escolar, Cindy Marten.

La mesa directiva aprobó por unanimidad una resolución que reafirma los valores de paz, tolerancia y respeto.

El presidente de la mesa directiva, Michael McQuary, se dirigió por su parte directamente a las autoridades de migración:

“Urgimos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a declarar que las escuelas son ahora y serán por siempre ubicaciones sensibles, donde no buscarán detener ni deportar familias inmigrantes que no representan ningún riesgo para la seguridad de nuestras comunidades”, dijo el presidente.

El ICE ha mantenido una política de “ubicaciones sensibles” en las que se abstiene de realizar redadas o buscar indocumentados para proceso de deportación, como las escuelas y las iglesias.

McQuary dijo sentirse orgulloso de los estudiantes de San Diego que se han solidarizado con sus compañeros que han expresado sentirse vulnerables a potenciales deportaciones, una vez que el presidente electo asuma el cargo.

Aseguró que las escuelas del distrito crearán un ambiente de seguridad.

Las escuelas se basan en esta decisión que expresaron en la resolución en una determinación de la Suprema Corte de Justicia del año 1982 en la que el máximo tribunal estableció que las escuelas deben proteger a sus estudiantes, independientemente de su raza, tono de piel, origen o condición migratoria.

La resolución también exhorta a superintendentes, maestros, consejeros y personal administrativo en las escuelas a que den pasos necesarios para mantener la seguridad en los planteles, y que esos pasos sean informados a los estudiantes.

Esta semana el cabildo de gobierno de la ciudad de Santa Ana en el vecino condado de Orange se declaró parte del movimiento Santuario, pese a que el presidente electo amenaza con suspender fondos de seguridad a las ciudades que protejan indocumentados.

El cabildo, que votó por unanimidad, declaró que tomó su decisión porque observó el impacto que tuvo la elección del presidente electo sobre el estudiantado, que teme que padres, madres de familia o ellos mismos sean detenidos y expulsados del país.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com