Un movimiento ciudadano movilizó a cerca de 70 mil personas en Baja California molestas por el “gasolinazo”, el aumento de alrededor del 23 por ciento al precio de la gasolina del pasado primero de enero, y una serie de medidas impositivas que reducen notablemente el poder adquisitivo de los bajacalifornianos.

Los propios manifestantes se admiraron a sí mismos por el alcance de su convocatorio.

En puras marchas pacíficas, sin incidentes ni actos reprochables marcharon hasta 45 mil personas en Mexicali, la capital del estado, más de 15 mil en Tijuana, en Ensenada se calcularon más de cinco mil, otras tres mil en Rosarito y mil más en Tecate.

Todas las marchas se organizaron y llevaron a cabo independientes de partidos políticos y entre coordinadores y participantes impidieron que los partidos trataran de atribuirse las movilizaciones.

Las marchas en Baja California formaron parte de una jornada nacional con protestas similares en una treintena de estados mexicanos.

El tema de protestas nacional en que coincidieron las manifestaciones fue el “gasolinazo” y otras próximas alzas al combustible, programadas para febrero. El actual precio del combustible es en más del 50 por ciento una acumulación de impuestos y, según estudios, esos impuestos no se invierten en beneficio de los mexicanos, sino en gastos de funcionarios y partidos políticos.

Pero aparte de las demandas pro el precio de la gasolina, cada estado, y muchas ciudades, añadieron sus propias demandas.

En Baja California las demandas más severas fueron que renuncie el gobernador Francisco Vega, que se revierta una ley aprobada al vapor y sin debate ni consulta que privatiza la distribución del agua, y que se destituya del cargo a legisladores que invariablemente han aprobado medidas con nuevas gravámenes para los residentes en el estado.

El gobernador Vega respondió con un anuncio de una pequeña reducción de salario para él y su gabinete, suspendió un programa que obligaría a todos los automovilistas a comprar nuevas matrículas de metal para sus autos, y dijo que no se privatizará el agua pero sin mencionar si se hará privada la distribución.

Las marchas fueron un punto alto a manifestaciones que se han continuado desde el 2 de enero, cuando comenzaron a “liberarse” o tomarse instalaciones aduanales y casetas de cobro de carreteras federales en Baja California.

Los manifestantes han ocupado por lo menos seis ocasiones –al cierre de esta edición—la aduna mexicana de El Chaparral. La respuesta al lado de San Ysidro ha sido en cada ocasión cerrar la confluencia de las carreteras interestatal 5 y estatal 805 antes de llegar a El Chaparral para que los vehículos rumbo a Tijuana salgan pro Otay.

Hasta el cierre de esta edición de El Latino continuaban tomadas instalaciones de gobierno estatal y municipal en Mexicali.

Para el domingo 22 de este mes se anticipaba una nueva movilización para tomar pacíficamente diez mil 800 gasolineras en México, incluidas las de Baja California.

El primero de enero en Baja California aumentaron conjuntamente los precios de gasolina, agua y electricidad, los impuestos de predial –propiedades—como en Tijuana, y comenzaba el plan de tener que adquirir nuevas matrículas de metal.

Una semana después, principalmente por el aumento a los combustibles, la mayoría de los artículos de la canasta básica había aumentado entre 30 y 40 por ciento en el precio.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com

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