Los familiares de Anastasio Hernández Rojas aceptaron una indemnización que el gobierno de Estados Unidos ofreció por un millón de dólares hace dos años.

El abogado que representa a la familia, Eugene Iredale, dijo que el ofrecimiento de parte del gobierno es “cuando menos un reconocimiento de que se trató de una muerte injustificada”.

Al cierre de esta edición se esperaba que un corte federal en Phoenix, a donde se trasladó el caso, refrendara la compensación.

La muerte de Anastasio Hernández Rojas ha sido una de las más polémicas a manos de agentes fronterizos estadunidenses.

El 28 de mayo del 2010 una docena de agentes golpeó y aplicó repetidas descargas inmovilizadoras contra Hernández Rojas, quien se encontraba esposado a la espalda, con el rostro contra el piso, sometido por una rodilla que le presionaba por la nuca.

La golpiza que lo mató cerebralmente en el incidente fue filmada con celulares.

El caso se encontraba retenido indefinidamente en la novena corte de apelaciones, en San Francisco.

El abogado de la familia que sobrevive al mexicano, Eugene Iredale, explicó que “no era conveniente que el gobierno de Estados Unidos se negara a compensar a la familia, especialmente ante la posibilidad de una demanda prolongada que, como implica el monto que se ofrece, reconoce que fue una muerte injustificada”.

El acuerdo alcanzado fuera de tribunales establece que el gobierno estadunidense pagará a los cinco hijos un millón de dólares menos aproximadamente un cuarto de millón en honorarios de abogados y gastos en el proceso.

El convenio todavía tiene que ser aprobado por un magistrado federal posiblemente a principios de marzo, cuando la corte presida una audiencia en Phoenix.

Anastasio Hernández había vivido 20 años en San Diego donde nacieron todos sus hijos. En mayo del 2010 fue detenido junto con su hermano y los dos fueron deportados a Tijuana y al tratar de regresar a California la patrulla fronteriza los detuvo nuevamente.

Bernardo Hernández Rojas asegura que cuando estaban detenidos, un patrullero le pateaba reiteradamente a él una pierna donde tuvo una cirugía y tenía dolorida al cruzar pro las montañas la frontera, lo que molestó a Anastasio Hernández quien confrontó al agente.

Poco después Anastasio Hernández fue conducido rumbo hacia una puerta en la pared metálica fronteriza por donde los agentes realizan deportaciones, pero unos dos metros antes de llegar a esa puerta fue víctima de la golpiza.

Por su estado los agentes ya no pudieron entregarlo a oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) y lo recogió una ambulancia para llevarlo a un hospital en Chula Vista donde le decretaron muerte cerebral y dos días más tarde falleció.

El médico forense del condado de San Diego determinó con la autopsia que la muerte de Anastasio Hernández fue un homicidio.

El caso pasó a la división de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y a la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) pero a fines del 2015 determinaron que no presentarían cargos criminales contra los doce agentes fronterizos implicados.

Según esa investigación, Hernández Rojas habría intentado patear a dos agentes y fue sometido entre esos dos oficiales y la ayuda de otros.

También consideró que el cuerpo de Anastasio Hernández tenía restos de metanfetaminas. La viuda de Hernández Rojas, María Puga, asegura por su parte que en más de 20 años que convivieron, Anastasio Hernández nunca probó drogas.

Una coalición de organizaciones de derechos humanos de San Diego presentó entonces el año pasado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con petición de que el caso fuera turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

La demanda se encontraba en ese proceso cuando ahora fue anunciado el acuerdo fuera de tribunales.

El acuerdo fuera de tribunales reconoce una muerte injustificada y uso excesivo de la fuerza por parte de los doce agentes, que fue precisamente por lo que se presentó originalmente la demanda en San Diego.

La oferta por parte del gobierno incluye 320 mil dólares para pagos de abogados y de gastos, y los restantes 680 mil divididos en pagos de 153 mil dólares para cada uno de cuatro de los cinco hijos y 68 mil para el restante.

El abogado dijo que el paso estaba sin avances en la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco, y que de continuarlo en la Suprema Corte de Justicia tomaría por lo menos otros cuatro años.

Iredale explicó que cuando murió Anastasio Hernández, sus hijos más pequeños, los gemelos Daniela y Daniel, tenían tres años de edad y ahora tienen diez años.

El abogado dijo que no quería correr el riesgo de que una indemnización a los más pequeños llegara cuando ya estuvieran en preparatoria.

Manuel Ocaño