La organización Alianza San Diego inició una campaña en la que todos los indocumentados en el condado, especialmente los jóvenes, pueden tener una consulta con un abogado de migración honesto para conocer sus opciones ahora que la administración del presidente Donald Trump decreta cambios a la política de migración.
Itzel Guillen, la coordinadora del programa de Acción Diferida o DACA en la alianza, explicó que hay más de 40 mil jóvenes indocumentados en el condado de San Diego que reúnen los requisitos para obtener la protección de DACA, pero cerca de la mitad de ellos sigue sin inscribirse.
“Queremos que quienes todavía no se acogen a DACA nos llamen para que tengan una consulta de 15 minutos con un abogado confiable de migración y luego de esa consulta ya tomen la decisión que más les convenga”, dijo Itzel, “lo más importante es que tengan información real sobre su situación”.
Andrea Guerrero, la directora ejecutiva de Alianza San Diego, explicó que en el condado en promedio uno de cada cinco indocumentados es un joven que amerita estar en el programa de DACA.
El programa de información con abogados busca, entre otras metas, fortalecer la opción de DACA en momentos en que la administración Trump emite señales contradictorias sobre el programa que ha ayudado a más de 800 mil jóvenes indocumentados hasta ahora.
Un grupo de diez gobernadores republicanos envió hace unas semanas al presidente Trump una carta en la que exige que DACA ya no se renueve el próximo 5 de septiembre.
Los gobernadores, encabezados por el texano Gregg Abbott, advierten a Trump que si no cancela DACA antes de esa fecha, demandarán colectivamente a la administración federal, con lo que de paso dejarán en suspenso el programa en todo el país.
Unos días después, el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, dijo a congresistas que si esos gobernadores demandan a la administración Trump por no terminar con DACA, su departamento no va a defender la Acción Diferida en las cortes.
En respuesta, los procuradores generales de 20 estados, encabezados por el procurador Xavier Becerra de California, también enviaron una carta a Trump para recordarle que poco después de asumir el cargo de presidente dijo que tomaría en asunto de los jóvenes soñadores de corazón.
Pero luego algunos de sus funcionarios han hecho declaraciones contradictorias acerca de conservar el programa.
“En lugar de aterrorizar a los niños, debemos capacitarlos para que cumplan su potencial”, declararon Becerra y los demás procuradores.
La carta de los procuradores o fiscales dice que “después de todo, nuestros jóvenes son el recurso natural más valioso de esta nación. Todo lo que les perjudica nos perjudica a todos. Por eso haré todo lo que esté a mi alcance como Fiscal General para defender la Acción Diferida”.
Varios jóvenes en Alianza San Diego, entre ellos Itzel Guillen, han tenido con DACA un giro completo en sus vidas.
La Acción Diferida se creó por orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, para dejar que permanezcan en el país con permiso temporal pero renovable los jóvenes indocumentados que llegaron cuando eran niños, en compañía de sus padres, y que crecieron en Estados Unidos, al que percibieron como su propio país, además que es el único que en realidad conocen.
Si los gobernadores republicanos demandan a la administración Trump y detienen el programa de Acción Diferida, los jóvenes quedarán sin protección ante potenciales deportaciones conforme venza el permiso de dos años de cada uno de ellos.
“No podemos permitir que eso ocurra”, dijo Andrea Guerrero, quien además de dirigir la Alianza San Diego es abogada, los jóvenes soñadores “son nuestros estudiantes, son nuestros vecinos, nuestros amigos, son nuestra familia son parte de nosotros, cualquier cosa que les pase nos impacta a todos”.
Le preguntamos a Itzel Guillén si tenía un mensaje para los jóvenes que no han buscado asesoría legal para DACA porque temen entregar su información al gobierno del presidente Trump en momentos de incertidumbre.
Dijo que, desde su punto de vista, es mejor por lo menos contar con una posibilidad de trabajar y estudiar y hacer cosas legalmente, a no tener ninguna posibilidad.
Carecer de documentos es mayor riesgo en un condado fronterizo como San Diego donde hay más de tres mil oficiales de migración y, por la cercanía a la franja limítrofe podrían detener y procesar para deportar de manera expedita.
“No queremos que regresen las condiciones que había en San Diego antes de DACA”, dijo Andrea Guerrero.
Explicó que en ocasiones las autoridades de migración hacían redadas en el transporte público, detenían a estudiantes de preparatoria cuando se dirigían a clases, y esos jóvenes llamaban al día siguiente a sus padres desde Tijuana, donde nunca antes habían estado.
“Jóvenes sin antecedentes, estudiantes, buenos estudiantes, que lo único que quieren es terminar su carrera profesional y ejercer una profesión para contribuir a la comunidad y a su familia, eran detenidos y deportados sin siquiera avisar a sus padres”, dijo Guerrero.
Esta semana surgió una nueva esperanza para los jóvenes soñadores. Dos senadores presentaron una nueva propuesta de ley que podría incluso otorgar la residencia legal a los jóvenes soñadores que se hayan acogido a DACA.
Los senadores demócrata Richard Durbin y republicano Lindsey Graham proponen que al renovarse el próximo año el programa de Acción Diferida o DACA que ayuda a los jóvenes indocumentados, se modifique para permitir que los soñadores se queden legalmente en el país.
Ambos legisladores llaman a su propuesta la Ley del Sueño 2017, en referencia a que los jóvenes indocumentados crecieron en Estados Unidos y lo sienten como su país natal y ahora aspiran al llamado sueño americano.
Si el proyecto se aprueba en el congreso, los jóvenes soñadores tendrían una condición migratoria de residencia legal condicional. Pero con ese estatus migratorio el Departamento de Seguridad Interior (HSD) cancelaría las deportaciones contra ellos.
La propuesta exige que los jóvenes hayan cursado por lo menos la educación elemental o primaria y también la secundaria, y que hayan estado en el país los últimos cuatro años de manera permanente, sin salir.
Entre las excepciones se encuentran los jóvenes indocumentados con antecedentes penales, los vinculados de cualquier forma con el terrorismo, los que hayan cometido tres delitos federales, y los que hayan estado en prisión un año o más.
La propuesta de ley dice que los jóvenes que se acogieron a la Acción Diferida o DACA demostraron su confianza en el gobierno al proporcionar todos sus datos confidenciales y que esto es algo a lo que el gobierno debe corresponder.
Las personas interesadas en tener una consulta gratis con un abogado de migración para revisar sus posibilidades, no solo con DACA, sino con otros programas, pueden comunicarse a San Diego Alliance, al teléfono (619) 269 1823.
Manuel Ocaño
