Tory Robinson conducía su vehículo por Lemon Grove en diciembre pasado cuando un oficial del alguacil de San Diego le ordenó detenerse porque tenía quebrada la mica de una luz en la parte trasera de su auto.

Tory, un afroamericano de 27 años de edad de San Diego, egresado de la Universidad de Texas en El Paso, bajó la velocidad y continuó delante del alguacil todavía momento hasta llegar a una gasolinera donde había suficiente luz, pero para su sorpresa al detenerse corrieron hacia el por lo menos una decena de policías, la mayoría de ellos le apuntaba con armas de fuego.

Aunque en ese momento Robinson no lo sabía, el alguacil que le ordenó detenerse había reportado que se daba a la fuga y solicitó respaldo de oficiales, aun cuando había reducido la velocidad.

Fue llevado a la cárcel acusado de huir de la autoridad, manejar peligrosamente lento, pasarse un alto de semáforo y por cambiar peligrosamente de carril al conducir; nada que tuviera que ver con el plástico del foco roto.

Estuvo casi tres semanas en la cárcel. Quería salir porque si no se presentaba a trabajar, corría el riesgo de perder su empleo. Pero para salir libre, la corte le impuso una fianza de 58 mil dólares que no tenía.

Sin poder pagar, tuvo que estar encerrado del 26 de diciembre al 12 de enero. Las autoridades le retiraron todos los cargos al comprobar que solo había seguido a un lugar con luz, porque el oficial lo quiso detener en un sitio obscuro donde pondría en peligro a otros conductores.

El cambio peligroso de carril fue porque se metió a la gasolinera; el alto estaba más allá, en la salida, no en la entrada al negocio; y el cargo de manejar despacio era porque precisamente para que el alguacil no fuera a pensar que quería irse, manejó despacio hasta la gasolinera.

Pero cuando por fin salió libre sin cargos, había perdido su empleo, tal y como lo había tenido. Era gerente en una tienda y es padre soltero de una niña de seis años de edad. Las autoridades lo liberaron sin siquiera una disculpa.

Tory fue esta semana uno de los participantes en un foro que organizó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para hablar sobre el “injusto sistema de fianzas” que se impone actualmente en San Diego y el resto de California.

La historia de Tory no es nada extraña en San Diego, donde el 60 por ciento de los detenidos espera juicio –sigue preso sin que se le demuestre todavía culpabilidad—o está en espera de que le dicten sentencia, de acuerdo con la abogada Mónica Montgomery de la ACLU.

La mayoría de ese 60 por ciento de presos es de latinos y afroamericanos.

Laila Aziz, de Mamás y Niños Negros Unidos, aclaró que todos esos detenidos no tienen 20 mil dólares en el banco disponibles por si acaso los llegaran a necesitar eventualmente para una fianza, por lo que cuando son arrestados, aunque no tengan cargos, deben conseguir de alguna manera el dinero para poder salir en libertad condicional.

Pero cuando salen, han perdido miles de dólares en la fianza, en intereses, en horas de trabajo o empleos perdidos.

Además el sistema de fianzas afecta desproporcionalmente a los jóvenes de minorías étnicas. Un joven afroamericano enfrenta fianzas en promedio 35 por ciento más altas que los jóvenes blancos, y un latino 17 por ciento más altas que los jóvenes blancos.

La ACLU y varias organizaciones en San Diego apoyan como solución una propuesta de ley, la SB10, de los senadores Toni Atkins y Ricardo Lara, que de aprobarse priorizará la asistencia a detenidos para acelerar su audiencia previa a juicio, con lo que muchos podrían salir en libertad, sin permanecer mucho tiempo detenidos ni esperar hasta reunir el dinero para pagar fianza.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com