Las mayores organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes iniciaron una Red de Respuesta Rápida para proteger a migrantes ante “actividades de inmigración inhumanas que incluyen retenes, redadas, arrestos y acoso” y que han ido en aumento desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

La red se basa en “una línea telefónica abierta las 24 horas del día para reportar todo tipo de acoso, de abuso migratorio, redadas, arrestos o interacción con autoridades de migración y necesitan ayuda”, dijo la abogada Linda Feldman, de la oficina de Servicios Legales Familiares Judíos.

Los voluntarios que atienen al número telefónico 619 536 0823 se coordinan con abogados y organizaciones para decidir rápidamente respuestas a las circunstancias que enfrenten los migrantes en riesgo.

Las formas de asistencia van desde consejos y orientaciones que necesiten los migrantes que llaman, a enviar a representantes legales o abogados si lo amerita el caso.

La coalición de organizaciones planeó desde la primavera el proyecto de red de respuesta tras confirmar que la administración del gobierno del presidente Donald Trump había intensificado actividades de control a la migración en el condado.

“Este año fiscal se ha visto un aumento de 25 por ciento en actividad de la migra en San Diego, comparativamente con el año fiscal anterior”, dijo Feldman.

La coalición de la Red de Respuesta Rápida de San Diego incluye, entre otras organizaciones, a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Comité de Servicios Amigos Americanos, el Centro de Derechos de los Empleados, Servicios Legales Familiares Judíos, el Proyecto de Organización de San Diego, iglesias católicas, universalistas, metodistas y organizaciones de barrios y vecindarios.

Al iniciar esta semana, la coalición había entrenado a más de 150 voluntarios que se tornarán para atender llamadas, dijo un coordinador del Centro de Derechos de los Empleados, Alor Calderón.

Los entrenamientos iniciaron desde febrero, confirmó la directora de la ACLU para los condados de San Diego e Imperial, Norma Chávez.

En la presentación se ofrecieron al público tres testimonios. Uno de ellos fue de la señora Isabel Solís, quien narró que su hermana menor “estaba embarazada y estuvo detenida seis semanas en un centro de detenciones (el de Otay), se le negó atención médica y s ele forzó a hacer trabajo”.

‘Como muchas mujeres, mi hermana carece de récord criminal, su única falta es estar aquí sin documentos”, dijo la señora.

Solís comentó que si no fuera por el apoyo de organizaciones como la ACLU, ese tipo de abusos quedaría sin ser cuestionado.

La señora María Solís, de 28 años de edad, no solo estaba embarazada, también es madre de tres menores que cuando ella fue detenida se quedaron solos; además es esposa de un ciudadano estadunidense, aunque todavía no arreglaba su condición migratoria al momento de su detención.

Chávez, de la ACLU, comentó que por casos como ese es que se pensó el proyecto de la Res.

Tras la liberación de María Solís, la ACLU presentó una demanda federal a nombre de seis mujeres que enfrentaban condiciones similares. El caso sigue abierto en una corte.

Todos los servicios que ofrece la línea de la Red de Respuesta Rápida son gratuitos.

La consigna de la red es “nadie debe estar solo en nuestra comunidad”.

Esta es el tercer proyecto similar en las mayores ciudades del estado de California. Otras redes operan en San Francisco y Los Ángeles.

El coordinador del Centro de Derechos de los Empleados, Alor Calderón, informó que tan solo en las primeras horas de operaciones la Red ha recibido más de 50 llamadas, la mayoría de personas que querían conocer más del servicio, pero “también algunas de fuera del estado para quejarse del servicio”.

En particular “dos llamadas con códigos de área del estado de Texas fueron para criticar el servicio, porque les parece presuntamente que estamos apoyando la inmigración indocumentada”, informó el organizador.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com