Tenemos a su sobrino, y si quiere volver a verlo tiene que transferirnos tres mil dólares a una tienda en Tijuana.

Llamadas con mensajes como ese abundaron entre el 2011 y el 2015 en el condado de San Diego y otras áreas del país.

O como esta otra a una anciana de más de 80 años de edad en Chula Vista: “soy tu nieto, tuve un accidente y estoy detenido, si no me ayudas con un envío de dinero iré a la cárcel muchos años; por favor, ayúdame abuelita”.

La Oficina de Investigaciones Federales (FBI) desmanteló en el 2013 una banda que incluyó a una mujer en Chula Vista, otra en Los Ángeles y dos jóvenes en Tijuana, todos estadunidenses, que llegaban a hacer en promedio cinco mil llamadas telefónicas como esas a personas vulnerables por su nacionalidad, edad o condición migratoria.

Las autoridades estiman que tan solo en el periodo en que investigó a ese cuarteto, poco más de un año, la banda habría defraudado por más de medio millón de dólares, con engaños por los que las víctimas pagaban entre mil y tres mil dólares.

Por lo menos esos cuatro delincuentes fueron juzgados, pero el método que esos y muchos otros delincuentes eligieron había quedado hasta ahora fuera de la ecuación, sin enfrentar consecuencias.

La Comisión Federal Mercantil acaba de ordenar a la empresa de transferencias Western Union pagar 586 millones de dólares a víctimas de presuntos secuestros que usaron sus servicios para pagar rescates.

Las personas que hayan tenido que usar esa empresa para enviar dinero para liberar a familiares o allegados en casos de supuestos secuestros entre el primero de enero del 2004 y el 19 de enero del 2017 tienen derecho a una compensación.

La comisión informó en comunicado que Western Union falló por no tener medidas que impidieran el lavado de dinero, y por no detener sino instigar el fraude electrónico en transferencias de dinero.

Ahora los centros de transacciones de esa empresa advierten a usuarios que si son víctimas de coerción, deben de comunicarse con las autoridades, pero de acuerdo con la comisión, hasta este año ni la compañía ni sus empleados previnieron ni impidieron los fraudes electrónicos.

La firma accedió a reponer dinero a las víctimas en un acuerdo fuera de tribunales con la fiscalía, tras declararse culpable y para evitar ir a un juicio.

Western Union informó por su parte que el Departamento de Justicia tendrá que comprobar cada reclamo de reposición de dinero que se presente, por lo que es indispensable que las personas guarden recibos y otras pruebas.

También pidió al público tener cuidado de caer en potenciales engaños de presuntos empleados de Western Union.

Todavía no hay una fecha específica para que comiencen a hacerse las reposiciones de dinero a las víctimas.

Manuel Ocaño