La señora María Arámburu de 77 años de edad es inválida, y se preocupa porque en los apartamentos Meheli Palms sobre la Calle H en Chula Vista, donde ha vivido más de 27 años, le dieron solo unos días para desalojar, y no tiene a dónde ir.

“Mi hija es la única que me ayuda, viene cada mes de otro condado a darme el dinero de la renta, pero ella sufre de ansiedad, se pone muy mal; no quiero ni pensar cómo se va a poner cuando sepa que me tengo que salir tan rápido”, dijo doña María a El Latino.

La empresa propietaria del complejo de apartamentos no ha considerado siquiera que la señora tiene a su favor un depósito que pagó en diciembre de 1992 y el monto del último mes de renta.

“No me dan la cara, no contestan mis llamadas. Les tengo que decir que no me pueden echar a vivir a la calle en unos días ¿qué voy a hacer como estoy? No tengo una pierna”, dijo la señora, quien tampoco tiene dinero para pagar vivienda en otro lugar. Sin mudarse cerca de tres décadas, la renta mensual solo aumentó a 1,090 dólares.

La situación de la señora Arámburu es similar a la del resto de los inquilinos del complejo, todos latinos excepto por una familia filipina, la mayoría son familias con hijos que estudian en escuelas en la zona.

El domingo por la noche los inquilinos protestaron fuera del complejo de apartamentos. La empresa propietaria solo les envió un memorando que dice por el deterioro de las unidades, los inquilinos deben de desalojar los apartamentos.

Pero varios inquilinos mostraron en pancartas fotografías de lo que la empresa identifica como deterioro. Por ejemplo la necesidad de sustituir un zinc para lavar trastes, una repasada de pintura, resanar tramos de paredes.

José López, un organizador de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad (ACE), explicó que desde el día en que la empresa Capital Growth Properties en Old Town informó del desalojo a los vecinos, todos los inquilinos han tratado de comunicarse o de pagar su mensualidad por internet, pero ha sido imposible.

La empresa cuelga el teléfono en cuanto se identifica que llama la prensa.

López dijo que los inquilinos planean ir  a manifestarse ante las oficinas propietarias en Old Town si ignoran su intención de pagar la renta.

El domingo para prevenir excusas de la empresa, los inquilinos pagaron la mensualidad a una abogada que les va a representar para frenar el desalojo, Lanetta Rinehart, quien trabaja en un bufet con experiencia en ese tipo de conflictos.

La abogada dijo durante la protesta que a su parecer los propietarios intentan echar a las familias y personas que ahora viven en el complejo para remodelar y cobrar más renta a nuevos inquilinos. La ubicación permitiría explotar la vivienda, sobre la H, entre las calles Segunda y Tercera.

La regidora Jill Gálvez, del segundo distrito en Chula Vista, dijo a El Latino que “lo que la empresa trata de hacer es evadir la ley que entró en vigor” (en enero) y  lo cual impone un tope al aumento a la renta en California.

Sin poder aumentar la renta a los actuales inquilinos, la arrendadora intentaría desalojarlos para rentar a otras personas a las que les cobre más.

“Es completamente ilegal y quienes viven en Chula Vista deben saber que estarán protegidos”, dijo la regidora Gálvez.

Explicó que por el caso de los departamentos Meheli Palms, la fiscalía de la ciudad instruyó al departamento de policía que evite cualquier desalojo de ese tipo.

“Los residentes de Chula Vista deben saber que si enfrentan una situación como esta, pueden llamar a la policía de nuestra ciudad en su ayuda”, dijo Gálvez.