El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, inició una polémica al tratar de eliminar por decreto el pago por uso de un tramo de carretera del gobierno federal entre Tijuana y Rosarito.
El gobernador citó a una multitud en las inmediaciones de la caseta donde se paga aproximadamente $1.80 dólares por derecho de uso del tramo carretero, dinero que se usa para mantenimiento de la misma autopista pero también proporciona un seguro a los viajeros.
En conferencia el 7 de julio, el gobernador firmó un decreto que decía ya no se pagaría el uso de la carretera a partir de que la decisión fuera publicada en el diario oficial de Baja California a la mañana siguiente.
Pero antes del amanecer, antes de que se publicara el decreto para entrar en vigor, llegaron por lo menos 160 soldados de la Guardia Nacional que retomaron la caseta y reinstalaron al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que cobrara el peaje o cuota.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Capufe declararon en comunicado que “el decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal”
También advirtió implícitamente que de hacerlo de nuevo, el gobernador podría enfrentar cargos por daños.
Bonilla decidió ir a la Ciudad de México a enfrentar al secretario de SCT, Javier Jiménez Espriú, quien sostuvo que la decisión de Bonilla es ilegal, porque se trata de propiedad federal, no de Baja California.
Mientras tanto, menos de una decena de personas, entre ellos tres activistas conocidos, al parecer intentaron imponer la decisión del gobernador y los tres activistas conocidos fueron momentáneamente detenidos.
El 13 de julio, el gobernador declaró que los tres activistas detenidos momentáneamente son “pueblo que sufrió una agresión, y adelantó que “el señor presidente ya está enterado y va a tomar cartas en el asunto en unos días”.
Sin embargo una organización de Mexicali llamada Ángeles Sin Fronteras realizó protestas durante varios días consecutivos en apoyo al gobernador.
El primer día arrojó globos con agua a la caseta, el segundo día arrojó tomates y el tercer día arrojó huevos y dejó la advertencia de que el domingo 19 de julio regresaría con una movilización desde Mexicali y su dirigente, Sergio Tamai, dijo que no descartaba que ese día habría enfrentamiento con la autoridades policiacas federales y la Guardia Nacional.
Desde hace más de una década, vecinos de la región piden que la caseta se elimine o se traslade a la entrada a Rosarito, en una carretera que utilizan decenas de miles de estadunidenses cada mes.
Al crecer la población de Tijuana, la llamada mancha urbana rebasó la caseta que originalmente estaba en zona rural federal. Ahora hay 17 fraccionamientos o vecindarios en los que los residentes, aunque son de Tijuana, tienen que pagar por pasarla cada vez que conducen hacia Playas o el centro de Tijuana.