Phoenix, 21 dic (EFE).- El controvertido alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, enfrenta una serie de acusaciones que van desde abuso de poder, prácticas de perfil racial en contra de hispanos, discriminación en sus cárceles y violaciones a los derechos civiles, lo que pone en peligro su futuro político.

Una de las más recientes demandas interpuestas en contra de Arpaio es la de Miriam Mendiola Martínez, quien asegura que fue esposada mientras daba a luz cuando se encontraba bajo custodia de esa dependencia de la oficina del alguacil (MCSO, en inglés) en 2009.

Joy Bertrand, abogada que representa a la inmigrante mexicana, dijo hoy a Efe que en su demanda se solicita que se detengan estas prácticas en las cárceles de MCSO.

En la demanda, Mendiola Martínez asegura que sus derechos civiles y constitucionales fueron violados, incluyendo los derechos que protege la octava enmienda constitucional de ser liberada de castigos crueles e inusuales y el derecho que tiene todo prisionero a recibir cuidados de salud adecuados.

En diciembre de 2009, la mujer fue esposada en repetidas ocasiones mientras se encontraba en proceso de parto y también después cuando se recuperaba de una cesárea.

Mendiola Martínez alega que un agente de MCSO la forzó a caminar con manos y pies esposados usando solo una bata de hospital y con una herida de la cirugía tanto fuera del hospital como dentro del mismo.

La inmigrante mexicana fue detenida durante una redada de inmigración de Arpaio y se le presentaron cargos de robo de identidad por trabajar con documentos que no le correspondían.

Su abogada indicó que actualmente cuenta con un permiso de trabajo y está en proceso de regularizar su estatus migratorio.

«Estamos pidiendo una compensación monetaria por daños, la cual será determinada por la corte», dijo Bertrand.

En 2003, el Departamento de Correccionales de Arizona eliminó la práctica de esposar a una mujer cuando se encuentra en trabajo de parto o en recuperación postparto.

En 2007, el Servicio de Alguaciles Federal de Estados Unidos también eliminó esta práctica, lo mismo ocurrió con la Oficina Federal de Prisiones en 2008.

La demanda incluye también a doctores y enfermeras del Centro Médico de Maricopa.

Las prácticas de MCSO fueron puestas en tela de juicio el pasado jueves cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado de una investigación de tres años que reveló prácticas discriminatorias contra hispanos por parte de esta agencia.

También cuestionó el trato que reciben los reos que solo hablan español en las cárceles de MCSO y acusó a Arpaio de tomar represalias en contra de aquellas personas que se han atrevido a levantar la voz y cuestionar sus operaciones en Arizona.

Como resultado inmediato, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio por terminada su cooperación con MCSO bajo el programa 287 g y restringió su participación en el programa de Comunidades Seguras.

El Gobierno federal informó que ahora serán agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) quienes verificarán el estatus migratorio de los reos detenidos por MCSO.

Los últimos acontecimientos han servido para que cada vez más políticos y activistas pidan la renuncia del controvertido alguacil, quien enfrenta la reelección en 2012.

Salvador Reza, activista que representa a un grupo de jornaleros en Phoenix y quien asegura haber sido blanco de una de las represalias de Arpaio, dijo a Efe que considera que no puede existir un verdadero cambio en MCSO mientras el alguacil se encuentre al frente.

Por su parte Arpaio se defendió antes estas acusaciones asegurando que todo se debe a un juego político de la Administración Obama.