Phoenix, (EFE).- Varias organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron hoy ante un juez federal los argumentos de su demanda en contra del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, por supuestas prácticas de perfil racial protagonizadas por agentes de su oficina en contra de inmigrantes.
Tras escuchar los testimonios de ambas partes, el juez federal Murray Snow indicó que dará a conocer su decisión en «uno o dos días».
«El juez dijo que quiere resolver este caso lo antes posible», explicó a Efe Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tras la vista que tuvo lugar en Phoenix (Arizona).
La demanda fue presentada en 2008 por una coalición integrada por ACLU, MALDEF y Somos America en nombre de cinco hispanos residentes legales y con la ciudadanía estadounidense.
Según explicaron hoy esas organizaciones ante el juez, los demandantes fueron víctimas de abusos con perfil racial cometidos por agentes de Arpaio durante sus operativos de combate del crimen.
«Nosotros estamos esperando una decisión confirmando que las practicas de discriminación en contra de hispanos por Arpaio son visibles y que no tienen nada que ver con la seguridad publica», explicó Soler Meetze.
Entre los demandantes se encuentra Manuel de Jesús Ortega Melendres, quien, según se detalló en la vista, iba en una camioneta detenida por oficiales del departamento de Arpaio cerca de la población de Cave Creek en 2007.
El vehículo fue detenido en una iglesia donde se juntaban jornaleros y donde, de acuerdo con los agentes policiales, podría haber servido de alojamiento a inmigrantes indocumentados.
El hombre, residente legal en este país, fue detenido durante ocho horas hasta que su estatus migratorio fue verificado.
Desde entonces otras personas se han sumado a esta demanda en contra de Arpaio, entre ellos David y Jessica Rodríguez, ambos ciudadanos de Estados Unidos y que fueron detenidos en diciembre de 2007 cuando viajaban en sendos vehículos acompañados de varios amigos.
Los demandantes aseguran que todos sus acompañantes fueron detenidos, pero se les dejó marchar sin que tuvieran que presentar documentación alguna, mientras que a ellos, ambos hispanos, les pidieron inclusive su tarjeta con el número de la seguridad social.
Por su parte, Velia Meraz y Manuel Nieto Jr, también ciudadanos estadounidenses, aseguran que estaban trabajando en el taller de su familia en Phoenix cuando hace tres años los agentes de Arpaio llevaban a cabo un operativo policial en la zona.
En la demanda se indica que ambos fueron a repostar a una gasolinera y estaban cantando en español dentro de su carro cuando varios oficiales los amenazaron con presentar cargos contra ellos por alteración del orden si no abandonaban la zona, donde se estaba arrestando a unos hombres como parte del operativo.
Ambos regresaron al taller donde poco después llegaron varios agentes con pistolas. Los hispanos entregaron su licencia de conducir y fueron dejados en libertad sin que les dieran una citación o se les informara de que habían cometido alguna infracción de tráfico.
Arizona fue uno de los primeros estados en el país en exigir prueba de residencia legal o ciudadanía a todas aquellas personas que solicitan una licencia de conducir.
La audiencia de hoy tuvo lugar tan sólo unos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer el resultado de una investigación civil de tres años sobre las prácticas del cuerpo que dirige Arpaio.
El Departamento de Justicia concluyó que existen evidencias de prácticas de perfil racial en contra de hispanos.
Los demandantes solicitaron hoy a la Corte Federal que orden que se interrumpan los operativos del alguacil Arpaio en las calles del condado Maricopa y la consulta del estatus migratorio de los detenidos durante esos operativos. EFE
