Phoenix, 23 dic (EFE).- El año que termina fue agridulce para la comunidad hispana en Arizona que por un lado sufrió las consecuencias de la aprobación de la SB1070 y por otro se logró destituir al senador estatal , principal impulsor de esa ley antiinmigrante.

«Este fue un año amargo y dulce para nuestra comunidad, las deportaciones siguen en números sin precedentes, las familias siguen siendo separadas, pero por otra parte tuvimos varias victorias, como fue la destitución de Pearce, algo que da mucho ánimo a la gente para decir, sí podemos hacer algo por cambiar las cosas en Arizona», dijo a Efe Raquel R. Goldsmith, profesora del Departamento de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Arizona (UA).

Este año la comunidad hispana, particularmente la inmigrante sufrió la implementación de la ley estatal SB1070, la primera en penalizar la presencia de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, los puntos más controvertidos de la legislación fueron bloqueados por un juez federal, entre ellos las cláusulas que permiten a los agentes policiales cuestionar el estatus migratorio de aquellas personas que sospechen se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos.

«La SB1070 tuvo un impacto tremendo, dio permiso para que se dieran más violaciones a nivel local y a pesar de que se frenó un poco en la corte, aún hay mucho que cambiarle. Creo que debemos de buscar cambios en la legislatura estatal para quitar por completo esta ley», enfatizó Goldsmith.

En su opinión, el estado continúa sufriendo el impacto económico debido al boicot que se inició en su contra tras la aprobación de la SB1070.

«El boicot sin duda tuvo un efecto, esto nos indica que debemos de usar todas las armas que tiene a su deposición nuestra comunidad», dijo la investigadora de asuntos relacionados con la frontera.

En el condado Maricopa, donde se asienta la ciudad de Phoenix, el alguacil Joe Arpaio continuó con sus operativos y redadas en contra de negocios sospechosos de contratar a inmigrantes indocumentados, los cuales culminaron con el arresto y la deportación de docenas de personas.

Un aspecto que preocupa a activistas como Lydia Guzmán, de la organización Respect/Respeto con base en Phoenix, es que la gran mayoría de los indocumentados que son arrestados en estos operativos enfrentan cargos por robo de identidad, un delito mayor que puede complicar sus casos ante una corte de inmigración.

«Se les está poniendo cargos criminales como si hubieran robado la identidad de otra persona a propósito, como esas personas que lo hacen para sacar una tarjeta de crédito y nunca pagarla», explicó Guzmán a Efe.

La activista señaló que si el indocumentado se declara culpable de estos cargos puede afectarle al momento de pelear su deportación en caso de que tenga más de diez años viviendo en Estados Unidos y tenga hijos o esposo ciudadano de este país.

Al igual que Goldsmith, Guzmán considera que la destitución de Pearce por los votantes del distrito 18 durante las elecciones del pasado mes de noviembre fue una «gran victoria» para la comunidad hispana en Arizona.

«Sin duda éste es el despertar del gigante dormido», dijo la activista defensora de los derechos de los inmigrantes, quien recalcó la importancia que tuvo el voto hispano para lograr este resultado.

Considera que la comunidad hispana se está uniendo tras recibir tantos «golpes» haciendo alianzas con otros grupos que pueden hacer la diferencia particularmente en las elecciones presidenciales de 2012.

A nivel local, el controvertido alguacil Arpaio buscará la reelección, por lo que miembros del mismo grupo que lograron la destitución de Pearce ahora están concentrando sus esfuerzos para evitarlo.

«Tenemos que dar la pelea, la comunidad está aprendiendo que su voto sí cuenta y debemos hacerlo valer», finalizó.

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