Charlotte (Carolina del Norte), (EFE).- Una demanda en Tennessee busca detener una ley que entró en vigencia el 1 de enero de 2011 y que permite a las autoridades en las cárceles locales investigar el estatus migratorio de los arrestados por cualquier delito.

La legislación 1112, aprobada por la Comisión de Entrenamiento y Normas de los Agentes Carcelarios (POST), estipula que cada persona que llegue a los centros de detención se les realicen dos preguntas: dónde nació y si se encuentra en el país de manera irregular.

De sospecharse que el individuo no tiene documentos migratorios, el centro de detención está obligado a enviar los datos y la fotografía del inmigrante a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

ICE decide en última instancia si detiene al extranjero e inicia su proceso de deportación o toma otra solución sobre el caso.

La acción legal, presentada por el abogado Elliott Ozment en el condado Davidson, en el centro del estado, en nombre de William Geissler, busca una orden temporal que detendría la aplicación de la medida por considerar que su proceso de elaboración y aprobación se realizó de manera «ilegal».

Según publicó hoy el periódico «The Tennessean», Ozment argumenta que los miembros de la comisión POST violaron las leyes del estado al discutir sobre la misma vía correo electrónico y sin seguir los procedimientos usuales en este tipo de situaciones.

«Fue un proceso en secreto desde el principio hasta el final», enfatizó el jurista. «Ni siquiera los alguaciles, que son los que aplicarán la medida, tuvieron oportunidad de dar su opinión al respecto».

Los legisladores aprobaron por amplia mayoría la ley ratificada por el gobernador, que fue criticada por los grupos de los defensores de los indocumentados por considerarla que motivaba al perfil racial, carecía de supervisión por parte de agentes del ICE y por sus altos costos.

En respuesta a la demanda, el asistente del fiscal general de Tennessee, Ben Whitehouse, dijo que el «demandante no argumenta que la orden judicial temporal, un año después de la promulgación de la política, es necesaria ni que esperar por un fallo final sería ineficaz».

También el estado argumenta que la demanda confunde a las agencias del orden público.

«Últimamente buscamos que un juez emita una orden para que los condados dejen de meterse en los asuntos de inmigración», acotó Ozment.

Una audiencia preliminar del caso se realizará el próximo miércoles.