Una treintena de líderes religiosos y comunitarios protestaron hoy frente a las oficinas de Inmigración en Baltimore (Maryland) en contra de la inminente deportación de Josefina Rodríguez Vega, quien, según activistas, es una simple abuela de cuatro niños nacidos en EE.UU. y no una «criminal peligrosa».

Rodríguez Vega, de origen mexicano, fue arrestada por conducir sin licencia y posteriormente trasladada el jueves pasado a la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Baltimore. Ahora, prácticamente agotados los recursos en los tribunales, afronta su inminente deportación a México.

Durante una vigilia y protesta frente a la sede de ICE, tanto familiares como activistas y líderes religiosos de la Iglesia St. Joseph en Hagerstown, a la que asiste Rodríguez Vega, pidieron que se frene la orden de deportación en su contra.

«La gente de su iglesia, de su comunidad, y sus familiares están muy decepcionados porque Josefina no es una criminal y lo más que ha tenido en su expediente es alguna infracción menor de tráfico. Claramente no representa un peligro ni para la sociedad ni para la seguridad nacional de EE.UU.», dijo a Efe Elizabeth Alec, activista del grupo CASA de Maryland, que organizó la protesta.

«Josefina lleva seis años en este país y tiene fuertes lazos con la comunidad. Los de ICE negaron la solicitud de frenar la deportación, sin dar explicaciones», se quejó la activista.

Según Alec, Rodríguez Vega, de 58 años, vive desde hace seis años en una zona rural en Hagerstown pero fue detenida y trasladada a un centro de detenciones en la costa de Maryland, alejada de su familia.

«Ojalá las autoridades de ICE revalúen la situación de Josefina, porque no merece ser deportada», enfatizó Alec, quien aseguró que, aunque el cese de la deportación no le daría a Josefina ningún estatus legal, «al menos podría quedarse acá con toda su familia».

Según el director ejecutivo de CASA de Maryland, Gustavo Torres, el caso de Rodríguez Vega contradice los recientes compromisos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de enfocar sus operaciones policiales en los inmigrantes indocumentados que sí representan una amenaza para la seguridad nacional.

Baltimore es una de las localidades señaladas para un programa piloto lanzado en agosto de 2011 que revisaría los casos en trámites de deportación y, si reunían los requisitos, algunos inmigrantes indocumentados incluso podían solicitar permisos de trabajo temporales.

Las autoridades de ICE aún no han divulgado datos sobre cuántas personas se han beneficiado de ese programa piloto, que vencía la semana pasada.

Consultadas por Efe, las autoridades del DHS no quisieron comentar sobre el caso de Rodríguez Vega ni precisaron cuándo es que la inmigrante mexicana podría ser expulsada de Estados Unidos.

«El caso de Josefina es un ejemplo clásico de alguien que no merece la deportación, que más bien se le tienen que retirar los cargos. La gente tiene toda la razón del mundo de sentirse decepcionada porque terminará siendo otro ejemplo de una promesa incumplida» por parte de la Administración Obama, puntualizó Alec.