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La junta directiva de Sweetwater Union High School District Board of Trustees decidió no pagar las cuotas para abogados a miembros de la junta directiva bajo investigación por supuesto caso de corrupción.
Se dio a conocer asimismo que aunque la miembro de la junta Bertha López , implicada en el caso sin que se le hayan fincado aún cargos, desistió de su solicitud de que se le pagara al abogado
Por otra parte, trascendió de manera extraoficial que los abogados contratados por los funcionarios y exfuncionarios arraigados están cobrando entre 100 mil a 400 mil dólares por los servicios de defensa de los indiciados, por lo que solicitaron se les cubriera el pago de sus cuotas, al declararse no culpables de los actos que se les imputan.
La propuesta para que el Distrito Escolar cubriera los honorarios de los abogados de los implicados: Greg Sandoval, Arlie Ricasa y Peral Quiñones no prosperó debido a que ninguno de ellos presentó una moción durante la reunión efectuada la mañana del martes 31 de enero en Hilltop High School.
Como es del dominio público Sandoval, Ricasa, Quiñones, Jesús Gándara y el llamado ‘Henry’ El Amigable, fueron arraigados en espera de que el juez examine las evidencias presentadas en su contra por la Fiscalía de Distrito. Será el próximo 23 de marzo durante la audiencia preeliminar cuando el Juez Michael Smith determine si existen o no las evidencias para continuar o no con el caso, que ha despertado el interés de la opinión pública.
Ricasa, Gándara, Sandoval y Quiñones son señalados de haber incurrido en soborno, perjurio, llenar documentos falsos y otros cargos, mientras a ‘Henry El Amigable’ “por haber ofrecido soborno”.
De acuerdo con la conferencia de prensa ofrecida a mediados de enero pasado por la Fiscal de Distrito, Bonnie Dumanis, los acusados se vieron involucrados en la cultura ‘pagar por jugar’ (en referencia a la supuesta aceptación de obsequios), a cambio de su voto a favor de una propuesta que representaba una inversión millonaria.
En otro caso separado, se ventiló una investigación que lleva a cabo el ex procurador federal Gregory Vega respecto a ‘invoices’ (facturas) cuyo envió es atribuido a Scott Alevy, quien trabajaba para el Distrito Escolar y ahora es presidente de la Cámara de Comercio del Este del Condado de San Diego (San Diego East County Chambero of Comerce).
Vega afirmó que Alevy estaría involucrado en la contratación de una firma legal que hizo trabajos para el Distrito Escolar de Sweetwater Union High School, así como servicios que nunca fueron realizados por la firma García, Calderón y Ruiz, y vinculado con reuniones y discusiones con individuos que él no fue capaz de identificar.
