Chicago, 6 mar (EFE).- Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes detenidos para deportación manifestaron hoy preocupación porque el Gobierno del presidente Barack Obama no incluiría a los indocumentados en la protección de la Ley de Eliminación de Violaciones en las Cárceles (PREA).

La ley, aprobada por el Congreso en 2003 para combatir la violencia sexual contra los detenidos, entraría en vigencia este año con una excepción que se otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En ninguna de las cárceles administradas por Inmigración se aplicaría la ley, incluyendo los centros contratados, centros de procesamiento especial y reclusorios de menos de 72 horas. Por esas cárceles pasa la mitad de las personas detenidas para deportación, según estadísticas oficiales.

En otros establecimientos, cárceles de condados o prisiones privadas contratadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), no estaría claro si se aplicará la ley a toda la población reclusa.

En estas cárceles los detenidos de ICE son mayoría, comparados con el resto de la población criminal.

Jane Zurnamer, directora de política del Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago dijo hoy a Efe que la Casa Blanca habría cambiado su posición, después de indicar durante meses, de manera extraoficial, que la ley PREA debía aplicarse a todas las personas reclusas en los Estados Unidos.

«Este cambio de posición iría en contra incluso de una opinión legal del Departamento de Justicia», señaló.

«El gobierno aduce razones forzosas de política, que no se especifican», agregó.

La ley PREA requerirá la investigación oficial de denuncias de abuso sexual en cárceles y prisiones, implementará políticas para evitarlo y protegerá a quienes lo denuncien.

Aunque la posición de la Casa Blanca no es pública, lo trascendido detrás de bambalinas alarma al NIJC y a una amplia coalición de defensores de los derechos de los inmigrantes y reclusos que reclaman la inclusión de los indocumentados en la protección de esa ley.

Para ellos, esta es una lucha de casi una década cuyo resultado final ha sido aplazado una y otra vez.

Según el NIJC, la posición del Departamento de Justicia favorable a la aplicación de la ley en las cárceles de Inmigración fue declarada por el secretario Eric Holder, en una reciente audiencia en la Cámara de Representantes.

El centro ha señalado que la violencia sexual es predominante en las cárceles y prisiones de los Estados Unidos, incluyendo los establecimientos que recluyen a indocumentados.

Esta negativa dejaría vulnerable a agresiones sexuales a unos 400.000 inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo y son detenidas todos los años.

El NIJC presentó el año pasado una denuncia colectiva ante supuestas violaciones de derechos civiles de las minorías sexuales recluidas en centros de Inmigración, varias de las cuales habrían sido víctimas de abusos sexuales.

Zurnamer mencionó, entre otros casos, a una inmigrante que fue agredida a golpes en una prisión de Georgia, por haber rechazado los avances sexuales de otra reclusa.

ICE aprobó nuevos estándares para las cárceles que alojan a indocumentados, pero al comparar los estándares que se aplican con la protección que daría la ley PREA, el centro dijo que aún le preocupan los derechos de los detenidos.

Por ejemplo, ICE no crea medios adecuados para que un detenido pueda denunciar anónimamente un abuso, no establece procedimientos obligatorios específicos para conservar evidencias en investigaciones internas sobre abusos sexuales, o implementa la forma en que deberá protegerse de represalias a los detenidos o miembros del personal que denuncien abusos sexuales.

Asimismo, según el centro, ICE no obliga a que el personal de las prisiones pase por una investigación de antecedentes al ser contratado para detectar posibles perpetradores de crímenes sexuales.