SAN DIEGO.- La Iglesia Católica, jueces federales y expertos en derechos humanos reprueban el llamado Operation Streamline (Operación Eficiencia) que se lleva a cabo en la frontera sureste entre Estados Unidos y México.
Así lo indica la organización activista de American Civil Liberties Union (Unión de Libertades Civiles Americana, ACLU por sus siglas en ingles).
De acuerdo con la organización el plan en marcha por del Departamento de Seguridad Nacional, y puesto en práctica por su agencia operadora: US Immigration and Custom Enforcement (ICE), percibe a los inmigrantes indocumentados de manera estereotipada, como delincuentes y los considera como una amenaza para la seguridad pública.
El operativo se encuentra en marcha en las fronteras de Arizona, Texas y Nuevo Mexico, pero no ha sido aplicado en el estado de California debido a que la Procuradora de Distrito de Estados Unidos, Laura Duffy, considera que se violentan los derechos legales de las personas y presenta problemas para su ejecución.
ACLU lo define como un “programa controversial” indica que la iniciativa, es considerada como claramente persecutoria y la cual sólo busca sujetar a los inmigrantes indocumentados al sistema de justicia criminal federal, pretende suplantar al actual Immigration Removal System, más flexible que el anterior.
“La ‘Operación Streamline’ ha puesto a prueba los tribunales penales federales y ha desviado los escasos recursos del orden de prioridades más urgentes de la justicia penal”, considera ACLU.
Una visión muy diferente del mismo es la que tiene el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
La operación fronteriza anunciada por el director de Seguridad Nacional, Michael Chertof, en diciembre del 2005, como Operation Streamline II. es considerada – a ocho años de su aplicación -por el Departamento de Seguridad Nacional como “una ley de enjuiciamiento altamente exitosa”.
Agrega que la ley esté en efecto “en cuatro áreas a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, donde los individuos son ahora perseguidos y encarcelados por entrada ilegal en los Estados Unidos”,
Y precisa el Departamento de Seguridad Nacional que la deportación de “individuos a través de la frontera, sin acusación, indicaría que este país carece de seriedad en el propósito de hacer cumplir las leyes estadounidenses”.
Sostiene que la policía fronteriza “se siente satisfecha por el efecto disuasorio que esta medida ha tenido al simplemente perseguir estos delitos”.
Entrevistado sobre este programa, el director de American Friends Service Committee (Comité de Amigos Americanos) Pedro Ríos consideró que uno de los muchos de los problemas que presenta es que no respeta el proceso legal a los inmigrantes, incluso los encuentra culpables, sin mediar juicio previo, criminalizando la inmigración indocumentada.
Otro factor que ha originado desacuerdo es que ha saturado las cortes con casos de delitos menores, retrasando el proceso de procuración de justicia de los casos de delitos mayores y que si lo requieren, consideró Ríos.
Destacó que aunque no es oficial ha trascendido que legisladores como los senadores republicanos por Arizona, John Machain y Jeff Flake (de reciente incorporación en el Congreso), condicionarían una nueva reforma migratoria a la aplicación de este operativo, con el supuesto de sellar la frontera entre los dos países.
En abierta oposición a este operativo fronterizo se han manifestado, no obstante, el Magistrado James F. Stiven, Juez de Estados Unidos para el Distrito Suroeste de California y el director de la oficina de Política de Inmigración y Políticas Pública, Kevin Appleby.
También han expresado su inconformidad por la manera en que se viene manejando dicho programa, el investigador de Human Right Watch, Garce Meng y el director de ACLU New Mexico regional Center for Border Rights, Vicki Gaubeca, Heather Williams, y el Concejal Legislativo para ACLU, Joanne Lin, entre otros.
Horacio Rentería
Ellatinoonline.com
