SAN FRANCISCO.- Dieciséis Estados, entre los que se encuentran California, Nueva York y Colorado, además de la Unión Americana de Libertades Civiles (The American Civil Liberties Union), el Centro de Leyes de Pobreza del Sur (Southern Poverty Law Center) y el Centro de Estudios de Género y Refugiados (Center for Gender & Refugee Studies) presentaron una demanda federal (Colectiva) en contra de la nueva política de la administración de Trump que obliga a los solicitantes de asilo a regresar a México y permanecer allí mientras se consideran sus casos.
La demanda fue presentada ante el Noveno Circuito con sede en San Francisco, California. La demanda es encabezada también por el Procurador de California, Xavier Becerra.
“La administración de Trump está devolviendo por la fuerza a los solicitantes de asilo al peligro en México”, dijo Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Una vez más, la administración está violando la ley para disuadir a los solicitantes de asilo de buscar seguridad en el Estados Unidos”.
Los demandantes
La demanda se presentó en nombre de 11 solicitantes de asilo individuales devueltos a México:
En el texto presentado ante la Corte federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco se afirma que la declaración de Trump es inconstitucional.
“Esto ya no es sólo una guerra contra los solicitantes de asilo, es una guerra contra nuestro sistema de leyes”, dijo Melissa Crow, abogada principal supervisora del Southern Poverty Law Center. “Esta política equivocada priva a las personas vulnerables de las protecciones humanitarias que han estado en los libros durante décadas y pone sus vidas en peligro”.
Cita violaciones legales
La demanda presentada por más de una docena de organizaciones, cita violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el deber de los Estados Unidos bajo la ley internacional de derechos humanos de no devolver a las personas a condiciones peligrosas.
“Esta nueva política socava gravemente el propósito mismo de nuestro sistema de asilo, poniendo en peligro en lugar de salvaguardar las vidas de nuestros demandantes individuales y otros que huyen de la persecución”, dijo Blaine Bookey, directora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados.
“Tenemos que controlar la frontera”
El juicio civil fue interpuesto luego de que “el presidente Donald Trump declarara el viernes 15 de febrero “una emergencia nacional” por la situación que aguarda a la frontera con México, argumentando que su decisión es consistente con los presidentes que le antecedieron en el cargo, desde 1977.
Indicó que la frontera sur vive “una invasión de nuestro país con drogas, con traficantes de personas, con todo tipo de delincuentes y pandillas”.
Y remachó: “No controlamos nuestra propia frontera y vamos a enfrentar la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur y lo haremos, de una forma u otra, tenemos que hacerlo”.
“Utilizó el miedo”
Sin embargo, la organización activista local San Diego Allience consideró que “durante el anuncio, (el Ejecutivo federal) invocó la Ley de Emergencia Nacional (National Emergencis Act) para construir un muro fronterizo para “propósitos de invasión”. Al hacerlo, ignoró la realidad de la baja migración registrada, los solicitantes de asilo confusos y los delincuentes, y utilizó el miedo codificado racialmente para justificar esta acción extrema”.
“El presidente”, continuó, “ha cruzado claramente una línea: La Ley de Emergencia Nacional fue creada por el Congreso para emergencias reales, y no debe ser utilizada por el presidente para desplazarse por el Congreso en caso de emergencias falsas”.
“Financiará 55 millas de muro”
Y puso especial énfasis Alliance San Diego en que “la declaración de Trump se produce después de que el Congreso votara ayer para aprobar un presupuesto que financiará 55 millas de muro mortal, dañino y derrochador y además alimente la máquina de deportación del presidente”.