El Procurador Xavier Becerra acompañado de la Asambleísta Lorena González (en el podio), durante un reciente evento realizado en el puerto de San Diego en el que anunciaron una iniciativa de ley que busca frenar la economía subterránea. Foto-Cortesía.

SACRAMENTO, CA – El Procurador General de California, Xavier Becerra, recibió con beneplácito una orden judicial que impide que la Administración de Trump imponga requisitos de cumplimiento de la ley sobre las subvenciones federales de seguridad pública que recibe California.Una corte en el Distrito Norte de California encontró que el intento de la Administración Trump de imponer requisitos de cumplimiento de la ley sobre $ 28.9 millones en subvenciones de la ley a California es inconstitucional y está prohibido por ley.

El financiamiento asegurado, adelantó Becerra, se utilizará para financiar iniciativas de reducción de delitos en todo California.

El tribunal también concedió la solicitud de California para una orden judicial a nivel nacional, que protege el financiamiento que el Congreso promulgó para las jurisdicciones en todo el país, aunque la orden judicial no tendrá efecto fuera de California hasta que la corte de apelaciones considere el tema.

“SUFICIENTE ES SUFICIENTE”

«Suficiente es suficiente. Una vez más, el tribunal bloqueó el intento de la Administración Trump de condicionar los fondos críticos de la aplicación de la ley a nuestro estado haciendo el trabajo del gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración», dijo el Fiscal General Becerra.

Y agregó que “California está en el negocio de la seguridad pública, no de la aplicación de la ley de inmigración. Los imprudentes intentos de la Administración Trump de bloquear los fondos a California a menos que acepte el esquema de deportación de la Administración, ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y obstaculizan el trabajo de nuestra policía”, dijo.

“Continuaremos luchando para garantizar que las agencias de aplicación de la ley en California tengan los recursos necesarios para promover la seguridad pública», externó el Procurador General de California.

EL ANTECEDENTE

En un informe de prensa difundido por la Procuraduría General de California se asegura que “desde agosto de 2017, en California v. (Jeff) Sessions, el Procurador General Becerra ha desafiado las condiciones ilegales del gobierno federal sobre los fondos de seguridad pública”

Y sostiene que el 14 de agosto de 2017, “el Procurador General Becerra impugnó por primera vez la imposición por parte del gobierno federal de los requisitos de aplicación de la ley de inmigración a las subvenciones de seguridad pública de California”.

El 5 de octubre de 2018, se agrega, el tribunal de distrito falló a favor de California, sosteniendo que el primer conjunto de condiciones de cumplimiento de la ley de inmigración del gobierno federal sobre los fondos de JAG de 2017 era ilegal e inconstitucional.

“Más recientemente, el 23 de agosto de 2018, el Procurador General Becerra impugnó la imposición por parte del gobierno federal de condiciones ilegales de aplicación de la ley de inmigración en los fondo de asistencia judicial Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (mejor conocido como JAG).

Pero ahora “el tribunal dictaminó que el gobierno federal no puede exigir que California y sus jurisdicciones locales cumplan con los requisitos de cumplimiento de inmigración para recibir $ 28.9 millones en subvenciones para el cumplimiento de la ley”.

“RESTRINGEN ATENCION MEDICA”

El propio Procurador Xavier Becerra interpuso recientemente, por otra parte, una demanda en contra de la nueva regla “del Título X de la Administración Trump-Pence, que restringe a la acción médica preventiva y el acceso al control de la natalidad y prohíbe a los médicos proporcionar información precisa a los pacientes y referencias para el aborto”.

“La Administración de Trump-Pence se ha duplicado en sus ataques a la salud de las mujeres”, dijo Becerra.