SAN DIEGO – La Fundación de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) de los Condados de San Diego e Imperial (ACLUF-SDIC) envió ayer cartas a varios funcionarios locales que supervisan las cárceles, prisiones y pasillos juveniles en los condados de San Diego e Imperial.
En las misiva, ACLU los llama a “desarrollar un plan integral de emergencia para la prevención y manejo de posibles casos de coronavirus o COVID-19 en sus instalaciones”.
En las cartas, ACLUF-SDIC solicita respuestas por escrito de los funcionarios que explican cómo planean proteger la salud y el bienestar de las personas bajo su custodia y las personas que trabajan en estas instalaciones.
Podría «costar vidas»
La ACLU subrayó en sus cartas que no tener un plan efectivo, desarrollado e implementado en coordinación con las instituciones estatales y locales de salud pública, «puede costar vidas».
El ACLUF-SDIC envió cartas a la prisión estatal de Calipatria; Prisión estatal de Centinela; el Departamento de Libertad Condicional del Condado Imperial en el Condado Imperial; y la Oficina del Sheriff del Condado Imperial, que supervisa las cárceles en el Condado Imperial; la instalación correccional Richard J. Donovan.
Las misivas también fueron enviadas al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; el Centro de Administración de Libertad Condicional en el condado de San Diego; y el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, que supervisa las cárceles en el Condado de San Diego.
Tambíen a funcionarios de Inmigración
Ayer, la Fundación ACLU de California envió cartas similares a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Responsables de supervisar sus instalaciones de detención de inmigrantes en todo el estado, incluido el Centro de Detención Otay Mesa en el Condado de San Diego y la Instalación de Detención Regional Imperial en el Condado Imperial (Caléxico) .