La Suprema Corte rechazó una petición de la administración del presidente Donald Trump de debatir la legalidad de la ley que permite a California ser el primer “estado santuario” en el país.
El mayor tribunal de la nación reconoce que el gobierno federal carece de autoridad para hacer que policías, alguaciles y otros agentes del orden de California colaboren con las disposiciones de migración del presidente Trump.
Con esa decisión termina una campaña de la administración por tratar de frenar la ley conocida también como de los Valores de California.
El año pasado la administración Trump consiguió que un juez federal le diera la razón, al exigir que las autoridades locales de California colaboraran con agentes de migración.
Sin embargo, el fiscal general de California, Xavier Becerra, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) apelaron la decisión.
La Corte de Apelaciones de Noveno Distrito en San Francisco falló en contra del presidente, quien decidió entonces llevar el caso directamente a la Corte Suprema.
Al rechazar ahora el máximo tribunal, concede la razón a California la vigencia de la ley AB54, sin que la corte dé alguna explicación a la administración Trump de por qué rechazó su petición.
Esta es “una victoria para todas las comunidades, particularmente de las minorías” étnicas, declaró la ACLU en reacciones.
La AB54, Acta de los Valores de California, fue aprobada en el 2017 y entró en vigor el primero de enero del 2018. Desde entonces había sido blanco de una campaña de la administración Trump.
La ley reconoce a más de dos millones de indocumentados que viven en el estado como parte del tejido social y comunidad que aporta a los valores de diversidad y a la economía de la quinta potencia económica en el mundo.
Mientras que la administración Trump argumentó que la ley santuario permitiría que indocumentados criminales estuvieran libres entre los estadunidenses, California y la ACLU presentaron pruebas distintas.
El Departamento de Seguridad Interior (HSD) y la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obligaban a policías y alguaciles a compartir al momento toda información de migrantes detenidos por cualquier motivo, mencionados como sospechosos e incluso como testigos.
Con esa información, el ICE deportaba a migrantes incluso con décadas de vivir en California y a padres de hijos estadunidenses por faltas tan lejanas como haber sido infraccionados por aliento alcohólico hacía décadas.
De acuerdo con un estudio del Centro para el Progreso Estadunidense, en California hay más de seis millones de niños que tienen por lo menos uno de sus padres indocumentado.
Por otra parte uno de cada diez trabajadores en California es indocumentado.
Con la decisión de la Suprema Corte, la administración Trump no puede volver a pedir que se anule la llamada Ley Santuario de California, y ahora otros estados que observaban el desarrollo pueden aprobar sus propias versiones.