Trump planeaba impedir que quienes huyeran del crimen, de pandillas, de guerrillas, de la violencia doméstica o pasaran por cualquier otro país para llegar la frontera perdieran las posibilidades de asilo. Foto de Manuel Ocaño.

El presidente saliente, Donald Trump, intentó que horas antes de que dejara el poder fuera imposible que los migrantes que esperan en la frontera mexicana consiguieran asilo.

El último intento de Trump contra los migrantes en la frontera fue declarado sin embargo  ilegal el viernes en una corte.

Una “última medida” del Departamento de Seguridad Interior (HSD), fue impuesta para entrar en vigor el 19 de enero, apenas unas horas antes de que Trump dejara la Casa Blanca al mediodía del día siguiente.

Esa última medida prohibió aceptar solicitudes de asilo a todo migrante que, para llegar a la frontera estadunidense, hubiera tenido que cruzar otro país antes de alcanzar los límites de Estados Unidos.

También prohibió que las cortes de migración aceptaran como argumentos para el asilo argumentos de víctimas de violencia conyugal o doméstica, y de violencia de pandillas o crimen organizado.

El secretario interino saliente de Seguridad Nacional, Chad Wolfem ordenó que dejaran de ser motivos para solicitar asilo “la persecución por género, la resistencia al reclutamiento o coacción por parte de una guerrilla, organización criminal, pandilla, grupo terrorista u otra organización no estatal”.

Con eso, Wolfe eliminó básicamente todas las posibilidades de que Estados Unidos otorgara asilo.

La decisión afecta a decenas de miles de migrantes que aguardan en la frontera mexicana desde marzo.

La espera es a que Estados Unidos reanude audiencias de asilo bajo un programa que la administración Trump impuso unilateralmente a México, conocido como “permanecer en México” o Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).

Una coalición de 21 fiscales generales estatales y el de la capital estadunidense presentó en California en diciembre una demanda contra esa “última medida”.

Encabezados por el fiscal saliente de California –nominado a secretario de Salud en la administración Biden–,  Xavier Becerra, la coalición advirtió a la corte que esa medida equivale a “el asesinato del derecho a asilo” en Estados Unidos.

Becerra dijo a la corte que uno de los principios del país es garantizar la seguridad, y que “nadie gana cuando el presidente Trump trata de esconder a la gente fuerza de la vista estadunidense y a eso le llama una solución”.

En una audiencia este viernes, el juez federal James Donato en California determinó que el funcionario que ordenó esa medida carece de legalidad para hacerlo.

Wolfe, el secretario interino de Seguridad Interior, entró en funciones por orden de Trump cundo el también secretario interino Kevin McAleenan dejó el cargo en noviembre del 2019, pero Trump nunca sometió la nominación de Wolfe ante el senado, por lo que su nombramiento nunca se ratificó ni formalizó.

En diciembre otra corte descartó todas las limitaciones que Wolfe impuso al programa de los dreamers precisamente porque, sin autoridad para imponer esas limitaciones, su orden fue ilegal.

“Permítanme ser sincero con usted. El gobierno sigue ejecutando la misma vieja cinta de 8 pistas y el sonido no está mejorando”, dijo el juez Donato al fiscal federal que representó  a Wolfe en la audiencia.

El magistrado insistió en que si el nombramiento no es legal, las decisiones que imponga como secretario de seguridad sin ratificar tampoco son legales.

“Usted ha estado tratando de venderme el mismo pescado que tiene en la cubeta cuatro veces, ¿cuántas veces más lo va a querer vender para entender que no lo voy a comprar”, dijo el juez al fiscal federal.

Wolfe, a quien le queda menos de una semana en el puesto interno ya carece de tiempo para intentar apelar. Además, al declarar el 7 de enero que pretendía colaborar con la transición al gobierno del presidente electo, Joe Biden, la Casa Blanca informó que ya no buscaría que pasara de secretario interino a ratificado.

Adicionalmente, una coalición de organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes presentó el jueves una demanda colectiva a nombre de once migrantes que hoy se encuentran en la frontera mexicana.

La coalición pidió una orden de restricción a la “última medida” porque pondría en riesgo de muerte a migrantes.