IMPERIAL BEACH.- Pese a que la Asamblea de California amplió a finales de enero el plazo de desalojos (evictions) de inquilino al 30 junio de este año, debido a la pandemia de COVID-19, muchos propietarios de viviendas en renta se resisten a cumplir con esta orden estatal y no son pocos los casos que se han presentado en el estado, la gran mayoría en el condado de Los Ángeles.
La señora Patricia Mendoza, una madre soltera con dos hijos en edad escolar, quien reside en un modesto apartamento en el 1385 de Holly Avenue, Interior B, es una entre decenas y sin poder contener las lágrimas, mostró la orden de desalojo que vence el próximo 10 de abril, frente a la casa que aún habita.
Ello ocurrió la mañana del viernes 12 de febrero en conferencia de prensa organizada por Alliance for Californians for Community Empowerment (Alianza para el Empoderamiento de los Caliofornianos ACCE San Diego, la orden de desalojo que vence el próximo 10 de abril, frente a la casa que aún habita.
“Tendrán que sacarme arrastrándome”
Respirando profundamente y evidenciando su preocupación, la señora Mendoza hizo, sin embargo, una advertencia a quienes la amenazan de desalojarla de la vivienda: “No nos vamos y tendrán que sacarme arrastrándome”.
“Es una pesadilla viviente, voy a a tener que vivir en mi camioneta (que se encontraba al lado izquerdo de ella) con mis dos hijos, y eso no es justo, no es justo para la familia de nadie”, dijo sin poder contener su inquietud frustración
En la orden de desalojo a Patricia y sus dos hijos se puede observar la firma del gerente de nombre Roy y argumentando una deuda de $3,000 dólares, como la inmensa mayoría de los casos que se han dado en California no aparece la del propietario o ‘Lanlord’.
Al lugar acudió también la regidora de Imperial Beach, Paloma Aguirre, quien mirando hacia donde se encontraban observando varios agentes de la Oficina del Sheriff (unos 80 metros de donde tenía lugar la conferencia de prensa) hizo una advertencia clara: “eso es acoso y no lo vamos a permitir aquí y luego tenemos también indocumentados, que están aterrorizados y les dicen te voy a sacar, sin ninguna razón”.
Eluden la ley
ACCE, una organización no lucrativa que desde su fundación ha defendido a los inquilinos del abuso de los propietarios de vivienda en California, ha advertido que en todos estos casos, como el de la señora Mendoza, tratan –por todos los medios y subterfugios posibles- de eludir la orden de moratoria estatal y desalojarlos, aún contraviniendo las leyes y las disposiciones oficiales.
La organización señala que en este caso como en otros muchos que se han presentado en el estado, el propietario viola la protección SB-91, aprobada el 28 de enero por la Asamblea de California y que garantiza protección a los inquilinos, prohibiendo el desalojo antes del 1 de julio.
Espera su respaldo
Patricia Mendoza, quien además es miembro activa de ACCE, afirmó que espera contar con el respaldo esta protección legal del gobernador Gavin Newsom y la presidenta del Senado, Tony Atkins, apoyada en el respaldo de la organización que demanda “cerrar las lagunas de desalojo y declarar la plena intención de quedarse en casa, a toda costa”
La SB-91, promovida y aprobada a causa del impacto económico que tiene en las familias la pandemia, establece que el estado cubrirá el 80 por ciento de los pagos atrasados por el inquilino, con la promesa de que renuncien a cobrar el 20 por ciento restante y no los desalojen una vez concluido el plazo de la moratoria estatal.
“Nunca dejó de pagar”
De hecho en la invitación a los medios de información, ACCE San Diego recuerda que Patricia “nunca había dejado de pagar un sólo alquiler antes de la pandemia y perdió su trabajo a principios de abril (del año pasado, cuando el brote comenzó a cundir en forma alarmante).
Durante la conferencia de prensa intervino también Gabriel Guzmán, quien dijo que el 15 de diciembre del año pasado, en plena pandemia, fue desalojado del departamento que habitaba con su familia en el 4435 de la unidad Vista-Coronado. “Me sacaron, me echaron” con la orden de un juez, dijo.
Por su parte, Leah Simon-Weisberg, directora legal de ACCE, dijo: “Conozco mis derechos y se organizarme. Lo que me entristece es pensar en los millones de otros inquilinos que estarían aterrorizados por este tipo de intimidación y simplemente se irían. Debemos responsabilizar a estos propietarios. Debemos cerrar las lagunas (legales) en la SB-91”.
Esta es la orden de desalojo de la madre soltera. Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.
Esta es la camioneta donde tendrá que dormir Patricia si es desalojada el 10 de abril próximo. Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.
Un hombre consuela a Patricia Mendoza que no pudo contener el llanto por la emoción que le embargaba. Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.
Horacio Rentería
Ellatinoonline.com