La Oficina del Inspector General (OIG), una división que investiga asuntos internos en el Departamento de Seguridad, reveló que agentes del centro de detenciones de La Palma en Arizona han cometido abusos y negligencia con migrantes detenidos a lo largo de la pandemia.
La OIG presentó al menos dos fotografías que extrajo de video, en las que se ve a un grupo de migrantes sentados en protesta pacífica para exigir mascarillas y otras medidas de protección.
En una segunda fotografía se observa a cerca de una docena de agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con uniformes antimotines y escudos, que arrojan químicos peligrosos a los migrantes para terminar con la protesta.
De acuerdo con la OIG, los migrantes no solo fueron ignorados en su petición de seguridad, sino sometidos y posteriormente castigados por querer protegerse ante los contagios de coronavirus que aumentaron en el centro de detenciones.
Un año después de iniciada la pandemia, la OIG tuvo que emitir para el centro de La Palma una serie de recomendaciones que han estado en vigor y han sido básicas desde hace doce meses en casi todas partes, como proporcionar y permitir que los migrantes usen mascarillas y guarden distanciamiento social.
Cuando los contagios comenzaron a aumentar el año pasado en ese centro de detenciones, docenas de migrantes decidieron protestar pacíficamente, sentados sobre el piso en distintos puntos de la explanada central del lugar.
Pero, de acuerdo con un reporte de 36 páginas de la OIG, “los agentes de ICE utilizaron gas pimienta y bolas de pimienta para dispersar la protesta y castigaron a los detenidos que protestaban con largas estancias en segregación”, encerrados en lo que llaman solitarios de prisión.
El reporte dice que “confirmamos que el centro usó agentes químicos para poner fin a las protestas”.
“Durante un incidente del 13 de abril de 2020, el personal desplegó agentes químicos desde el techo y … disparó gas pimienta desde dispositivos portátiles. Un detenido nos dijo que sufrió heridas por las bolas de pimienta disparadas por el personal de la instalación, pero se sintió demasiado intimidado para presentar un informe sobre el incidente a través de los canales adecuados”, sigue el reporte.
El ICE había respondido inicialmente que el informe de la OIG tenía imprecisiones, pero cuando la oficina presentó evidencias, reconoció que utilizó la fuerza.
La OIG escribió que “aunque inicialmente negaron el uso de dicha fuerza, los agentes de ICE luego admitieron ante los investigadores que sí usaron los supuestos agentes químicos y lo hicieron de conformidad con la política que permite la fuerza no letal para sofocar la desobediencia civil”.
El ICE se escudó en que una política de la empresa de prisiones privadas, que tienen ganancias por cada persona que mantienen detenida cada día, es usar la fuerza no letal para sofocar protestas.
Las empresa CoreCivic, que hace negocios en La Palma, es la misma que tiene una prisión privada en Otay Mesa en el condado de San Diego.
Aunque temerosos, los migrantes agredidos presentaron seis quejas a la CoreCivic, pero todas las quejas fueron desechadas y la compañía señaló que tenía el derecho de sofocar las protestas.
La denuncia de la OIG fue presentada contra el ICE por ser parte del Departamento de Seguridad. CoreCivic es una compañía que hace negocios contratada por el ICE pero con presupuesto que aprueba el congreso.