La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de San Diego pidió al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, el cierre de 39 centros de detenciones del ICE, incluidos los de Otay Mesa y el Valle Imperial.
La organización detalló en una carta a Mayorkas que el año pasado fue el más mortífero para los migrantes detenidos en Otay Mesa.
“Una y otra vez, las instalaciones de detención de inmigrantes en los condados de San Diego e Imperial han demostrado ser inseguras, abusivas e incapaces de defender los derechos del debido proceso de legal de las personas encerradas”, dijo Monika Langarica, abogada de derechos de los inmigrantes de la ACLU en San Diego.
La carta sigue a un informe que la semana pasada presentó la misma ACLU sobre Otay Mesa.
Ese informe señaló con base en testimonios y experiencias que han sido detenidas en Otay que es un “sistema de encarcelamiento opresivo, innecesario e inhumano”.
La empresa de cárceles privadas CoreCivic, que administra el centro de Otay, tiene ganancias por cada migrante por cada día que tiene en detención, con precios equiparables a hospedajes de hoteles y comidas en restaurantes, cuando las condiciones son desonsiderables.
La carta de la ACLU al secretario Mayorkas dice que “el año fiscal 2020 fue el más mortífero de ICE en 15 años, con informes de mayor uso de la fuerza, confinamiento solitario, patrones de abuso sexual, esterilización forzada y un fracaso total para proteger a las personas ante el COVID-19”.
“La extrema imprudencia de ICE en el manejo del virus COVID-19 mostró su descarado desprecio por la salud y el bienestar de las personas detenidas”.
La actitud del ICE también demostró “hasta qué punto esta agencia está dispuesta a mentir para evadir la rendición de cuentas”, agregó la ACLU.
Detalló que “en el centro de detención de Otay Mesa, la deslucida respuesta a la pandemia resultó en la primera muerte de una persona bajo custodia de ICE debido a COVID, aunque no sería la última”.
La organización calculó que con una disminución en el número de detenciones del ICE en los últimos meses, la administración del presidente Joe Biden “desperdicia más de un millón de dólares por día en espacios” que paga a las corporaciones de prisiones privadas como CoreCivic, sin que haya detenidos para ocupar esos espacios.
La ACLU pide en su carta también el cierre de centros de detenciones de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, Desert View, Mesa Verde, y Yuba en California; así como los de La Palma Eloy y Ethowa en Arizona.
El año pasado el centro de detenciones de Otay Mesa se mantuvo durante meses como el centro de detenciones con más contagios de Covid 19 registrados en el país.
También fue el primero en el país en que pereció un migrante detenido víctima del Covid 19, el migrante salvadoreño Carlos Ernesto Escobar, quien había vivido 20 años con su familia en Los Ángeles antes de que lo detuviera el ICE.
