El condado de San Diego otorgará representación legal a todos los migrantes detenidos que enfrentan deportación.
El consejo de supervisores del condado aprobó por mayoría de votos un programa con el que une esfuerzos con organizaciones civiles y con la oficina de defensores públicos, o abogados de oficio para defender a todos los migrantes que enfrentan riesgos de deportación.
“Este es en realidad un día histórico largamente esperado”, dijo la supervisora Terra Lawsom Remer, autora de la propuesta.
Dijo que además de un amplio apoyo de organizaciones civiles, la constitución garantiza que todas las personas tengan un proceso legal, “y durante mucho tiempo este derecho básico ha sido negado”.
La supervisorfa advirtió que muchos migrantes que enfrentan deportación también enfrenta riesgos de muerte si son enviados a sus países de origen.
Dijo que la propuesta ayudará a que las cortes adelanten en innumerables casos rezagados debido a la pandemia.
El proyecto fue aprobado con un costo estimado de cinco millones de dólares que se usen a través de la oficina del defensor público de San Diego, oficina que se conoce en muchos países latinoamericanos como abogados de oficio.
La propuesta fue aprobada por tres votos a favor y dos en contra. Quienes estuvieron en desacuerdo, dijeron que la migración es un asunto federal que corresponde a las autoridades federales, no a las del condado.
Sin embargo entre los votos a favor prevaleció la necesidad de mantener a las familias unidas. Muchos niños estadunidenses tienen por lo menos un padre inmigrante indocumentado, quien a menudo es el sostén económico familiar.
Tras la aprobación de la propuesta, el consejo de supervisores tiene un plazo de 90 días para informar sobre un presupuesto para echar a andar el plan.
La propuesta la apoyan abiertamente organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los Servicios Familiares Judíos, y la Coalición Invertir en Familias de San Diego.
Básicamente todos los migrantes detenidos en el condado de San Diego que enfrentan deportación se encuentran en el Centro de Detenciones de Otay Mesa.
El Estado de California aprobó por su parte una ley que prohíbe ese tipo de centros, por lo que, cuando se termine el contrato de Otay Mesa, ya no será renovado. Los centros de detenciones que más duren abiertos en California cerrarán para el año 2028.
Mientras tanto la Unión Americana de Libertades Civiles pidió la semana pasada al presidente Joe Biden que ordene el cierre de 39 centros de detenciones en el país, incluido el de Otay Mesa, debido a negligencia médica y abusos a los migrantes detenidos.
La supervisora Lawsom Remer explicó que hasta ahora “la falta de un abogado designado significa que decenas de miles de personas cada año no están representadas, incluidos solicitantes de asilo, residentes legales desde hace mucho tiempo, padres inmigrantes, cónyuges de ciudadanos estadounidenses e incluso niños”.
Dijo que sin la ayuda que pueden proporcionar el condado y las organizaciones civiles, a los migrantes “se les deja para defenderse ellos mismos ante un sistema notoriamente complejo”.