Los resientes de San Diego que todavía enfrentan dificultades para pagar vivienda debido al impacto de la pandemia en la economía todavía tienen tres meses de respiro para ponerse al corriente.
A solo unos días de que venciera la moratoria a desalojos del estado que iba a concluir el 30 de junio, el gobernador Gavin Newsom y los presidentes del senado y la cámara baja alcanzaron un acuerdo para extender la moratoria hasta el 30 de septiembre.
El acuerdo se convirtió en ley este lunes, 28 de junio, y aporta cinco mil 200 millones de dólares de asistencia federal para pagar vivienda.
“Este acuerdo evita un desalojo masivo”, dijo el asambleísta David Chiu, autor de la ley AB 832, que desde el año pasado ha evitado que numerosas familias sin recursos debido a la pandemia terminen en la calle.
La iniciativa “permite mantener a los inquilinos en sus casas y proporcionar a los propietarios el apoyo financiero que necesitan”, detalló.
De hecho, la versión más actualizada de esa iniciativa cubre el monto total adeudado a los propietarios o arredadores.
Para beneficiarse de la moratoria hay algunos requisitos; los inquilinos interesados deben tener ingresos del 80 por ciento del ingreso promedio del área en que vive, o menores a esa cantidad.
También tiene que presentar una declaración que establezca que por ahora no pueden pagar completo por la vivienda, y pagar cada mes sin falta por lo menos el 25 por ciento del total que deberían de pagar por alquiler.
Si un inquilino recibe un aviso de que va a ser desalojado, tiene que cubrir esos dos pasos de inmediato, pues si deja de hacerlo en esos 15 días en que le avisaron con anticipación, entonces sí puede ser desalojado.
Lo que hace la ley AB 832 es crear una protección para que los inquilinos no sean desalojados por falta de pago, si las dificultades que tienen para pagar se deben a la pandemia, como la pérdida total o parcial de empleo.
El gobernador Newsom informó que “California está franco regresa de la pandemia, pero los efectos económicos todavía impactan desproporcionadamente a muchos californianos de bajos ingresos, inquilinos y pequeños propietarios”.
Por su parte, la junta de supervisores del condado de San Diego amplió desde el 3 de junio una extensión de dos meses para prevenir desalojos que son consecuencia económica de la pandemia.
La ampliación del condado también fue una previsión al fin de la moratoria estatal que terminaba esta semana.
Mediante la protección del condado de San Diego a inquilinos en riesgo por la pandemia, los arrendadores pueden obtener hasta el 80 por ciento de su pago de fondos estatales por pago de vivienda, si acceden a perdonar el otro 20 por ciento.
Esta medida de protección del condado concluye hasta el final del mes de agosto.
El programa del condado busca proporcionar a inquilinos necesitados tiempo, para acogerse a otros programas como el estatal que se basa en la ley AB 832.
