La organización de asistencia legal Al Otro Lado reiteró hoy que, de acuerdo con una corte federal en San Diego, los inspectores fronterizos “están obligados por ley a inspeccionar y procesar a los solicitantes de asilo cuando se presentan en los puertos de entrada”  a lo largo de la frontera con México.

La codirectora de Al Otro Lado, Nicole Ramos, dijo a El latino que ahora los migrantes necesitan que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les informe el proceso que seguirá para cumplir con esa resolución de la magistrada federal Cynthia Bashant.

“Después de más de cuatro años, un tribunal concluyó lo que supimos todo el tiempo, que CBP rechaza a los solicitantes de asilo con un control del ingreso que es ilegal y viola los derechos de las personas y familias más necesitadas de protección internacional”, agregó Ramos aparte en comunicado.

La juez decidió luego de escuchar argumentos orales en los que se le explicó que los agentes fronterizos incumplen con leyes internacionales y constitucionales de asilo porque consideran que están muy ocupados o que les falta espacio para procesar a los solicitantes. 

Con esa idea, los agentes condujeron a que se hicieran listas de espera que, de acuerdo con Al Otro Lado, son ilegales.

El caso es una demanda colectiva –Al Otro Lado vs el secretario actual de Seguridad, Alejandro Mayorkas– que la organización presentó hace cuatro años a nombre de 13 migrantes que fueron obligados a permanecer al lado mexicano de la frontera. 

“A pesar de las mentiras del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) sobre su capacidad limitada para procesar a los solicitantes de asilo ahora prevalecen el estado de derecho y la justicia”, declaró Ramos.

Baher Azmy, Director Legal del Centro de Derechos Constitucionales, dijo que la decisión de la juez Bashant protegerá a miles de personas vulnerables en la frontera.

Por su parte, Melissa Crow, abogada supervisora principal del Centro Legal de la Pobreza Sureña (SPLC) dijo que la decisión reafirma que negar el acceso al proceso de asilo en los puertos de entrada por parte del gobierno “es descaradamente ilegal”.

“Las garitas son parte fundamental del sistema de asilo de nuestra nación; el gobierno no puede simplemente cerrar esa puerta y negar a los solicitantes de asilo este derecho”, dijo Karolina Walters, abogada principal del Consejo Estadounidense de Inmigración.

A lo largo del periodo de gobierno de Donald Trump, los oficiales fronterizos insistieron en que no podían recibir migrantes que buscaban asilo porque sus instalaciones eran limitadas.

Mientras los agentes les negaban el derecho a pedir asilo en las garitas, los migrantes se organizaron por sí mismos y elaboraron cuadernos para anotarse conforme llegaban en busca de asilo a la frontera.

CBP solo pedía a autoridades migratorias mexicanas un número de migrantes que sería aceptado ese mismo día para entrevistas con oficiales de asilo.

El resto de los migrantes permanecía generalmente a la espera durante meses hasta que tocaba su turno, según el número que le correspondía en esos cuadernos en que se habían anotado al llegar por primera vez.

La lista de espera aumentó a decenas de miles.