Summer Stephan, Fiscal del Condado de San Diego durante una charla con estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego sobre la fatal droga Fentanilo. Foto-Archivo: Horacio Rentería/El Latino San Diego.

SACRAMENTO, CALIFORNIA.- Veintiocho fiscales de distrito electos de California mostraron su acuerdo a una orden de restricción temporal instruida por el Juez del Tribunal Superior del Estado, Raymond Cadei.

La restricción temporal prohíbe al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés), la decisión de aumentar de 50 a 66% de los créditos por “buen comportamiento” a internos (presos) que han sido previamente condenados por uno o más delitos graves y violentos.

Se indicó que la orden judicial se produce “a raíz de las regulaciones de emergencia promulgadas recientemente por el CDCR que permiten que se otorguen créditos de custodia adicionales a delincuentes graves o violentos, lo que lleva a su liberación anticipada de la prisión, incluidos los créditos que no se basan en completar ningún programa de rehabilitación”.

La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, se mostró de acuerdo con la decisión del Juez Cadei pues “liberar temprano a los reclusos que han cometido crímenes atroces después de cumplir solo una fracción de su sentencia amenaza la seguridad de nuestras comunidades y es una bofetada para las víctimas de delitos que aún están sufriendo”.

Para detener la aplicación de esta nueva ‘regulación de emergencia’ de liberación anticipada, los 28 fiscales de distrito presentaron una orden de restricción temporal el 22 de diciembre ante la oficina de la Fiscal de Distrito de Sacramento, Anne Marie Schubert, como autora principal.

Ante ello, el 29 de diciembre, el tribunal concedió la petición y emitió la orden contra el CDCR, abriendo la vía para presentar una demanda completa.

Y aclaró  que “mis compañeros fiscales de distrito y yo no impugnamos a los créditos por buena conducta por el trabajo en un campamento de bomberos, pero extender a los presos con antecedentes penales graves y violentos no redunda en interés de la justicia ni de la seguridad del público”.