SAN DIEGO.-El Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD, por sus siglas en inglés) firmó “un acuerdo de resolución” para remediar las violaciones que la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por siglas) del Departamento de Educación de Estados Unidos encontró respecto al Título IX de la Enmienda de Educación de 1972.
Se dio a conocer que el distrito escolar ha incumplido en su obligación de dar respuesta equitativa a las acusaciones de acoso sexual a estudiantes del mismo.
Se anticipó que llegó a esta resolución “después de examinar 253 informes y quejas de acoso sexual de estudiantes durante tres años escolares”.
Indicó en el mismo sentido en un reporte de prensa que “la mayoría de las veces el distrito no cumplía con su requisito reglamentario del Título IX (de las Enmiendas Educativas de 1972) de responder de manera equitativa a las acusaciones de acoso sexual de sus estudiantes”.
“Estos fracasos llevaron a la perpetración en serie de acosto con una respuesta insuficiente del distrito”, se agrega en el comunicado, “dejando a los estudiantes del distrito vulnerables a la discriminación sexual en la escuela que el Título IX prohíbe”.
Se advierte asimismo que el distrito escolar de San Diego, (el segundo más grande en el estado de California con alrededor de 100 mil estudiantes y 15 mil 800 empleados), “no evaluó si las acusaciones de acoso sexual, incluida la agresión sexual y causaban discriminación por motive de sexo para los estudiantes afectados”.
Se precisq que tampoco se notificó a la OCR “los resultados de las investigaciones de manera equitativa a todas las partes”.
El distrito local habría
tenido conocimiento
Se alerta igualmente que la OCR “se enteró de que el distrito recibió un aviso sobre estudiantes con discapacidades que eran presuntos perpetradores, así como estudiantes objetivo, y que los archivos del distrito incluían información sobre la escalada de conductas basadas en su discapacidad que causaron acoso sexual y sobre estudiantes con discapacidades que perpetraron repetidamente o fueron víctimas de acoso sexual”.
Otro incumplimiento por parte del distrito, conforme a la Oficina de Derechos Civiles es el relacionado con la obligación de “evaluar a los estudiantes cuyo comportamiento indicaban una razón para sospechar una discapacidad”.
Otras fallas en las que
se habría incurrido
La otra falla fue la falta de cumplimiento al ordenamiento que exige al distrito el requerimiento de “reevaluar a los estudiantes con discapacidades cuando se notaba que sus apoyos existentes y las adaptaciones pueden no ser efectivas para atender sus necesidades basadas en la discapacidad”.
El siguiente estaría relacionado con la identificación de “una preocupación de que el distrito pudo haber negado a los estudiantes una educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés).
En este contexto, se precisa que el tercer punto que se incumplió del reglamento fue el relativo a “evaluar el impacto en la recepción de una FAPE por parte de los estudiantes cuando los estudiantes con discapacidades han sido sometidos a acoso”.
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