SAN DIEGO.- Con mucha frecuencia se suele dar confundir confusión acerca de la definición y quiénes son elegibles (los beneficiarios) de los programas de salud conocidos como Medicare, Medicaid y MediCal.
Para diferenciarlos debe aclararse, en principio, que mientras el Medicare es un programa federal (gubernamental) dirigido a los adultos mayores de 65 años (incluso menores de esa edad con discapacidades o afecciones).
El Medicaid, en cambio, es un programa conjunto de índole federal y estatal que ofrece cobertura de salud a pacientes (niños y adultos) con ingresos y recursos limitados.
ADMINISTRADO
POR LOS ESTADOS
A manera de aclaración vale decir que el Medicaid se encuentra parcialmente financiado y administrado, en su mayoría de los casos. por los gobiernos de los estados, que cuentan con “un amplio margen de maniobra para determinar la elegibilidad y los beneficios”, aunque la mayor parte del financiamiento es proporcionada por el gobierno federal, que establece las reglas de operación de los programas estatales de Medicaid.
Por tanto, al ser administrado por el estado, en California, MediCal, que aparecen como impuestos deducibles en los cheques de los empleados, se puede considerar “la versión californiana” del programa que conocemos como Medicaid.
PODRIA SUFRIR RECORTES
De hecho, Medicaid es, como se anticipó, un programa conjunto estatal y federal que ofrece cobertura médica a más de 80 millones de estadounidenses y que, de acuerdo con la organización del ramo SciLine, “desempeña un papel clave en la reducción de las disparidades en salud y el apoyo a los profesionales de la salud”.
SciLine advirtió asimismo que “un proyecto de ley de gastos propuesto recientemente por el Congreso de Estados Unidos podría reducir la financiación de Medicaid”.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la organización local Alliance San Diego alrededor de 110 líderes del Condado de San Diego ¨envían un mensaje al Congreso: Casi un millón de personas que reciben Medicaid en sus distritos, se oponen al presupuesto de Trump¨.
Se precisa en el reporte de prensa que ¨Tras una votación preliminar sobre un presupuesto federal que utiliza un proceso de conciliación acelerado y recorta programas de red de seguridad, incluido Medicaid, 114 líderes electos locales en todo el condado de San Diego se están uniendo en un llamado a toda la delegación del Congreso para proteger a cerca de 1 millón de personas en sus distritos que depende de Medicaid en la región de San Diego , la mitad de los cuales son niños, adultos jóvenes y personas mayores¨.
Se agrega que en una reciente carta firmada por funcionarios electos¨que representan a la región, incluyendo legisladores estatales, supervisores del condado, miembros del consejo municipal, administradores de colegios comunitarios y juntas escolares, funcionarios electos de distritos de bomberos, agua y salud, así como líderes estudiantiles electos, la carta también señala el hecho de que más de 170,000 personas que dependen del seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible en sus distritos del Congreso verían sus primas aumentar “en más de $2,000, según el Comité de Presupuesto de la Cámara”.
RECOMIENDA NOTIFICAR
FINANCIACION EN RIESGO
Por su parte, Terra Lawson-Remer, presidenta interina de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y quien cuenta con el apoyo del alcalde Todd Gloria en la defensa de los programas sociales y en especial del Medicaid, pidió al condado que envíe una “Notificación de financiación en riesgo” a todos los beneficiarios de programas financiados con fondos federales, muchos de los cuales, consideró, pueden desconocer las amenazas a estos servicios.
La también Supervisora del Distrito 3, fue puntual al recomendar que se instruya al Director Administrativo del Condado (CAO) para que desarrolle una estrategia de notificación y envie “aviso de financiación en riesgo” a todos los beneficiarios de programas financiados con fondos federales¨
Recordó al respecto que estos últimos fueron¨ bloqueado por los votos republicanos, lo que facultó a los republicanos del Congreso, al presidente Trump y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para despojar de la asistencia alimentaria, de vivienda y de empleo a los 1,2 millones de personas en el condado de San Diego que reciben apoyo de al menos un programa de asistencia financiado con fondos federales¨.
