SAN DIEGO.- Mientras en el seno de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego la toma de decisiones pareciera estancada al prevalecer un empate (con dos supervisores demócratas y dos republicanos), las llamadas elecciones especiales parecieran ser más ´un dolor de cabeza´ que una solución.
Y es que además de este hecho que por si solo frena y complica las funciones habituales de la Junta, el alto costo que para el bolsillo de los contribuyentes ya representan 3 ´elecciones especiales´ parece simplemente insostenible.
Vale recordar que el año pasado la Junta de Supervisores votó de manera unánime en favor de una elección especial que se llevó a cabo el 15 de agosto.
El motivo es públicamente conocido, la vacante dejada en el Distrito 4 por el entonces presidente de la misma, Nathan Fletcher, quien se vio envuelto en un escándalo personal que aún se resuelve en tribunales.
También es sabido que esta elección no fue suficiente y se requirió una segunda ´elección especial´ que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2024, resultando elegida Monica Montgomery Steppe, quien dejó su cargo como regidora del gobierno local para ocupar el Asiento 4 en la Juntas de Supervisores del Condado de San Diego.

y la pregunta es obligada, uste justificaría las elecciones especiales. Foto-Archivo: Horacio Renteria/El Latino San Diego.,
UNA JUNTA AUTO ANULADA
Pero como de escándalos parece tratarse, el más reciente fue las sorpresiva renuncia de la presidenta, Nora Vargas, quien había ´saltado´ de la vicepresidencia para ocupar el puesto que ocupaba Fletcher
La inesperada decisión de Vargas dejaba vacante sus dos cargos: como Supervisora del Distrito 1 y el de Presidenta, posición, esta última, en el que se le reconocía como ¨la primer mujer latina en ocuparla¨ y que dejó vacante sin que hasta ahora se conozca el verdadero motivo. Sin embargo, el hecho es que, nuevamente, su salida generaba un empate en las decisiones, lo cual ha prevalecido desde hace mucho tiempo en el seno de la Junta.

EL VERDADERO COSTO
Y ‘para variar’, otra vez cuatro supervisores, dos de cada partido político, Terra Lawson Remer y Monica Montgomery (por el Demócrata) y (Joel Anderson y Jim Desmond, por el Republicano) votaron en favor de una nueva elección especial prevista para efectuarse el próximo 8 de abril, cuando se pudo resolver mediante cita y selección por parte de los miembros de la misma.
Vale hacer mención que durante un reciente debate en el que tomaron parte 6 de los 7 candidatos a ocupar el Distrito 1 en la elección especial del martes 8 de abril, Vivian Moreno, Concejal por el Distrito 8, consideró que el gobierno del condado de San Diego ¨está roto¨ y puso como ejemplo que en solo dos años se han realizado dos elecciones especiales.
Y aquí surge la pregunta relevante: Cuánto tienen que pagar (o continuar pagando) los contribuyentes para sostener a una Junta en conflicto continuo, dividida y que no parece tomar las decisiones que la comunidad requiere?.

SOBRE LA ESPALDA DE LOS CONTRIBUYENTES
Solamente para que el lector tenga una idea aproximada (aunque la cantidad podría ser muy superior), en la reunión previa a la elección especial de agosto del año pasado, la propia Junta aprobó $5.2 millones al Registro de Votantes del Condado de San Diego ¨para cubrir los costos electorales¨.
Los funcionarios de la Junta estimaron entonces que ¨los costos podrían oscilar entre los $2.1 millones y $2.6 millones¨, respectivamente, por cada elección. Al final, ambas elecciones, para reemplazar a Nathan Fletcher, le costaron al condado, $4.7 millones
Pero si estas cantidades pondrían a pensar a los sandieguinos si están dispuestos a pagar el precio de las diferencias que encara la Junta de Supervisores, baste anticipar cuál será el costo de esta nueva elección especial.
De acuerdo con una nota difundida el 19 de enero de este año por un conocido noticiero de televisión local, llenar la vacante dejada por Nora Vargas en el Distrito 1, costaría alrededor de $6.6 millones.
Una gran parte, reconocería de acuerdo con dicha nota en la que se cita como fuente a la Registradora Cynthia Paes, se debería a los gastos de impresión de papelería, el envío por correo y el franqueo.
Todo ello, agregaríamos, sin contar el pago a voluntarios, además de la instalación de buzones electorales y de logística electoral, entre otros.
Finalmente advertiríamos que son tres los siete candidatos que parecieran con mayor oportunidad de ser elegidos: John McCann, actual alcalde de Chula Vista, Paloma Aguirre, alcaldesa de Imperial Beach y Vivian Moreno, Concejal por el Distrito 8 del gobierno de la ciudad de San Diego.
Y hay que recordar que en cumplimiento a lo establecido por la ley electoral, quien resulte ganador (a) de la elección estaría obligado (a) renunciar al cargo y la pregunta, de nueva cuenta: se tendría que recurrir ¡a otra elección especial! o se resolvaría mediante el método de cita y selección, pero parece indudable que el precio que la comunidad ha pagado ya, ha sido muy alto.


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