ESCONDIDO.- “Estoy en lista de espera para una cirugía que ya no sé si podré pagar”, compartió Marta López, residente de San Marcos, con la voz entrecortada. “Nos dicen que es un asunto nacional, pero a mí me afecta aquí, en mi cuerpo, en mi casa”. Su testimonio, grabado durante una manifestación comunitaria en Escondido, resume el sentimiento de abandono que embarga a miles de personas en el Distrito 48 de California tras la aprobación del proyecto de ley de reconciliación que recorta drásticamente Medicaid y SNAP.
La nueva legislación —ratificada el 4 de julio por el presidente Donald Trump— fue posible gracias al respaldo del representante local Darrell Issa, quien votó a favor del texto final pese a los llamados expresos de sus constituyentes para rechazarlo. La votación final en la Cámara de Representantes ocurrió el 3 de julio, solo un día antes de que el proyecto se convirtiera en ley.
Las consecuencias se harán sentir de inmediato. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una agencia no partidista, 17 millones de personas en todo el país perderán su cobertura médica hacia 2034. Solo en California, más de 2.3 millones de residentes quedarían sin acceso a Medicaid, muchos de ellos en distritos como el de Issa, donde los recursos locales no alcanzan para suplir una red de seguridad federal desmantelada.
“Estamos hablando de decisiones que pueden significar la vida o la muerte para muchas personas”, expresó Richard Cannon, organizador de 50501 North County San Diego y uno de los impulsores de la manifestación del pasado 3 de julio. “Issa tuvo la oportunidad de proteger a esta comunidad, y eligió ignorarla”.
Durante el acto, celebrado frente a la oficina del congresista en Escondido, residentes como López entregaron cartas y grabaron testimonios personales sobre cómo dependen de Medicaid para tratamientos, medicamentos o cuidados continuos. Otros participantes hablaron sobre su acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), vital para sostener a familias de bajos ingresos. Ambos programas recibirán recortes severos bajo la nueva legislación.
La aprobación del proyecto —ahora convertido en ley federal— se ha interpretado como una victoria fiscal para sectores de altos ingresos, ya que incluye recortes de impuestos para los más ricos financiados, en parte, por la reducción de beneficios sociales. El contraste ha sido calificado como “una traición moral” por varios líderes comunitarios.
“Estamos en un momento donde nuestras prioridades como país se ven claramente reflejadas”, señaló Maribel Reyes, madre de tres hijos y residente de Vista. “Y por lo que veo, no estamos en esa lista”.
Aunque el voto ya fue emitido y la ley firmada, las organizaciones locales aseguran que no bajarán la guardia. Cannon adelantó que planean documentar los efectos concretos de los recortes en la región y continuar ejerciendo presión política: “Este no es el final. Es el principio de una lucha por recuperar lo que nos están quitando”.
Con el sistema de salud pública en alerta y las comunidades movilizadas, el norte del condado de San Diego se prepara para enfrentar no solo los efectos materiales de los recortes, sino también una profunda fractura en la relación entre representantes y representados.