Hasta la fecha, de los casi 5,000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en el área de Los Ángeles, se han desmovilizado 4,700, pero unos 300 siguen en activo

SACRAMENTO.– El gobernador Gavin Newsom solicitó , a través de una petición formal amparada en la Ley Federal de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), que el gobierno de Estados Unidos revele el costo total para los contribuyentes del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles ordenado por el expresidente Donald Trump, al que calificó de “militarización ilegal”.

“Han pasado 60 días desde que el gobierno federal desplegó fuerzas militares contra sus propios ciudadanos, a pesar de la objeción de funcionarios estatales y locales. Los estadounidenses merecen saber cuánto dinero de los contribuyentes gastó el presidente para orquestar este teatro político”, afirmó Newsom en un comunicado emitido por su oficina.

La solicitud incluye todos los documentos y registros que detallen los gastos desde el 7 de junio, fecha en que se activaron efectivos de la Guardia Nacional y se federalizó su mando, así como la movilización de unidades de la Marina estadounidense. Según testimonios ante el Congreso, el Pentágono estimó que el despliegue costaría 134 millones de dólares.

El caso forma parte de la demanda Newsom vs. Trump, que la próxima semana será revisada por un tribunal federal, donde se presentarán pruebas sobre las presuntas acciones ilegales del gobierno federal en el sur de California.

Impacto económico y social
De acuerdo con el gobernador, el operativo militar, sumado a redadas migratorias, está costando millones a los contribuyentes y afectando la economía estatal. Reportes oficiales indican que la asistencia laboral en el sector privado cayó 3.1%, un descenso comparable solo al registrado durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

En reuniones recientes con restauranteros en la ciudad de Bell y líderes religiosos en Downey, Newsom escuchó testimonios sobre pérdidas económicas derivadas de las medidas migratorias. Un análisis de UCLA Anderson pronostica que la combinación de aranceles y redadas podría contraer la economía de California este año, afectando especialmente a la construcción, la hostelería y la agricultura.

La misma proyección advierte que arrestos y deportaciones masivas podrían costar a la economía estatal 275 mil millones de dólares y reducir los ingresos fiscales anuales en 23 mil millones. En 2022, inmigrantes indocumentados aportaron 8.5 mil millones en impuestos estatales y locales, cifra que, de poder trabajar legalmente, ascendería a 10.3 mil millones.

Desmovilización parcial
Hasta la fecha, de los casi 5,000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en el área de Los Ángeles, se han desmovilizado 4,700, pero unos 300 siguen en activo. Newsom insistió en que estos efectivos deben regresar “a sus familias, comunidades y profesiones civiles”.

Entre el personal desplazado figuran médicos, bomberos, policías, contratistas de construcción, funcionarios penitenciarios, trabajadores agrícolas y docentes, lo que, según el gobernador, ha dejado vacíos en servicios esenciales.

Apoyo bipartidista contra la federalización
La demanda de California cuenta con el respaldo de un grupo bipartidista de 25 exgobernadores, así como de almirantes y generales retirados, exsecretarios del Ejército y la Marina, y organizaciones de veteranos. En escritos amicus curiae, los firmantes advirtieron que la intervención de Trump viola el equilibrio entre gobiernos estatal y federal y supone “graves riesgos” para la seguridad y la soberanía de California.

“Pongamos fin al acaparamiento de poder ahora”, remató Newsom.