CONDADO DE SAN DIEGO.- “Sabemos que estos son tiempos difíciles, y que cada día se siente más oscuro que el anterior, pero también sabemos que podemos superar esto juntos… ahora no es momentos de aislarnos”,
Dicho llamado fue planteado por Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego.
Su pronunciamiento se hizo en reacción a la resolución de la Corte Suprema que “permitió que los agentes federales justificaran la detención de personas en el área metropolitana de Los Ángeles basándose en estereotipos generales sobre los inmigrantes”.
Esto incluye, agrega la activista Guerrero, “si parecen mexicanos o latinos, si hablan español (o inglés con acento) o si se encuentran en un lugar o realizan un tipo de trabajo que los agentes asocian con los inmigrantes. Si esto puede ocurrir en Los Ángeles, puede ocurrir aquí, en San Diego y en cualquier otro lugar”, advierte.
Andrea, quien tiene un amplio historial de activismo en defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, narró un caso personal de discriminación basado en el perfil racial.
“Todavía recuerdo el día, hace años”, señaló, “en que agentes de la Patrulla Fronteriza me discriminaron racialmente mientras viajaba en tren de San Diego a Los Ángeles”.
“Era temprano por la mañana”, continuó, “y estaba hablando con mi padre por teléfono en español cuando los agentes subieron y me oyeron. Dos agentes corpulentos y armados se acercaron, se pararon sobre mi asiento y me preguntaron: ¿Dónde naciste?”.
“NO GENERALIZADA”
“Lo que me ocurrió”, subrayó la directora ejecutiva de Alliance San Diego, “lleva un siglo ocurriendo en la región fronteriza, a pesar de nuestro derecho, amparado por la Cuarta Enmienda, a estar libres de registro e incautaciones irrazonables”.
Al respecto subrayó Andrea Guerrero que “históricamente, la Corte Suprema ha interpretado la Cuarta Enmienda en el sentido de que los agentes pueden justificar el interrogatorio de una persona por su raza, siempre que existan factores adicionales que les den una sospecha razonable de que ha violado una ley de inmigración”.
Pero aclaró: La sospecha debe ser individualizada, no generalizada a todo un grupo de personas, y solo basta para interrogar a alguien, no para detenerlo ni arrestarlo”.
Y precisó en este sentido: “Esa protección limitada siempre ha parecido débil (y se ha violado repetidamente), pero ahora incluso eso corre el riesgo de ser desmantelada”.
Al señalar que “es el momento de estar en comunidad, actuar en comunidad y luchar por la comunidad”, Andrea, quien es ciudadana, manifestó que “debemos reconocer los privilegios que algunos temenos para caminar libremente y los peligros que algunos enfrentamos al ser discriminados racialmente”.
Y concluyó: Juntos Podemos protegernos mutuamente. Comuníquense si necesitan ayuda y respondan si se la piden. Así es como nos mantenemos en comunidad y para la comunidad”.
