Manifestante se expresa en una comunidad del este del condado de San Diego. Foto: Horacio Rentería/El Latino San Diego.

La reciente muerte por disparos de arma de fuego por parte de un agente del ICE a una madre de familia de 37 años ha reabierto una demanda legal contra esta agencia federal (presentada el 30 de julio de 2025) por más de una decena de miembros demócratas en el Congreso de Estados Unidos.

Y es que si bien el pasado 17 de diciembre de 2025, un tribunal federal emitió una orden que suspende temporalmente la política de la administración Trump-Vance que impedía a los miembros del Congreso efectuar visitas de supervision, sin previo aviso (con 7 días de anterioridad), a los centros federales de detención de inmigrantes, pero de acuerdo con los legisladores esta orden legal no se está respetando. 

De acuerdo con el grupo de demócratas encabezados Joe Neguse (Rep. de Colorado, Miembros del Congreso (MOC) al vs. ICE), Adriano Espaillat, Bennie G. Thompson y Robert García, entre cerca de docena.

Los legisladores argumentan que “el Departamento de Seguridad Nacional reimplanta en secreto una política illegal y niega el acceso a miembros del Congreso a pesar de la orden del tribunal federal”.

“FIRMÓ UN NUEVO MEMORANDO”

Agregan que “después de un agente del ICE disparara y matara a un ciudadano a un ciudadano estadounidense la semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, firmó discretamente un nuevo memorando que restablece el mismo requisito de notificación con siete días de anticipación).

Ante ello la docena de congresistas, se indicó, presentaron una moción “solicitando urgentemente al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que ordene a la administración explicar esta nueva política que viola la ley federal que garantiza a los miembros del Congreso la capacidad de supervisor las instalaciones del ICE”, (sin necesidad de previo aviso).

Se dio a conocer finalmente que MOC vs. ICE incluye otros desafíos legales presentados por la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización National Immigrant Justice Center NIJC, acentuada  con las miles de deportaciones que se han dado en el país desde mediados de 2025.

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