SAN DIEGO.- El 14 de junio de 2023, la mayoría de los miembros de la junta directiva del Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula (Temecula Valley Unified School District) votó a favor de la destitución de la superintendente Jodi McClay.
Esta decisión, sin embargo, traía muchas implicaciones pues la junta acordó (por 3 a 2 votos) bloquear un plan de estudios, y en particular un libro de ciencias sociales que hacía mención de la contribución de Harvey Milk, líder de los derechos de los homosexuales.
Automáticamente, su voto mayoritario violó los derechos de los estudiantes LGBTQ+ como son a contar con un entorno escolar seguro, libre de discriminación y acoso, el respaldo de las leyes federales y estatales por discriminación por orientación sexual, identidad de género y derecho a usar nombres y pronombres de su elección.
Pero durante la segunda semana de julio de ese año el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado compraría los libros -en controversia- mediante un contrato y la aplicación de una multa por $1.5 millones a la junta escolar por el daño moral y económico causado.
El mandatario estatal consideró que “este voto deja al descubierto los verdaderos motivos de quienes se opusieron a este plan de estudios”. Y agregó: “Esto nunca ha sido sobre los derechos de los padres, ni siquiera se trata de Harvey Milk, que no aparece en ninguna parte del libro de texto que reciben los estudiantes”.
Y remachó entonces: “Se trata del deseo de los extremistas por controlar la información y censurer los materiales utilizados para enseñar a nuestros hijos”.
AHORA EN SAN DIEGO
Transcurridos alrededor de tres años de esta controversia, el tema vuelve a saltar pero ahora en la comunidad de San Diego.
Ahora se trata del Grossmont Union High Schools District (GUHSD), que ha sido demandado por grupo de padres de familia por mantener una agenda anti-LGBTQ+.
La primera de dos demandas, según confirmó una fuente educativa de KPBS, fue presentada recientemente ante el Tribunal Superior de San Diego por ex bibliotecarios escolares, y sostiene que la mayoría de la junta directiva mantiene una agenda contraria a la comunidad LGB TQ+ y a la diversidad.
Se dio a conocer que los demandantes son nueve ex bibliotecarios despedidos, una ex administradora de educación especial y un grupo de empleados que denuncian trabajar en medio de un ambiente de hostilidad.
ACUSAN DE REPRESALIAS
Al precisar que “esta mayoría” está integrada por los miembros Robert Shield, Gary Woods, Jim Kelly y Gari Woods, la demanda interpuesta acusa que la junta “ha incurrido en discriminación, acoso y represalias”. Advierte la fuente mencionada que la denuncia plantea, asimismo, que “la junta prohibió libros con contenido LGBTQ+, tomó represalias contra el personal de las bibliotecas que brindaba apoyo a los estudiantes LGBTQ+, y rescindió un contrato con un proveedor mental debido a que este ofrecía, de manera independiente, servicios especializados a personas
En la demanda se señala, entre otras cosas, que la junta prohibió libros con contenido LGBTQ+, tomó represalias contra el personal de las bibliotecas que brindaba apoyo a los estudiantes LGBTQ+.
Y por si todo lo mencionado fuera en sí poca cosa, la junta del distrito escolar unificado de Grossmont, conformado por 15 escuelas y alrededor de 16,500 estudiantes, rescindió un contrato con un proveedor de salud mental debido a que este ofrecía, de manera independiente, servicios especializados a personas LGBTQ+.
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