Una posible salida de capitales, riesgos para el empleo en la construcción e incertidumbre sobre el financiamiento de servicios públicos figuran entre las principales preocupaciones de la coalición No on 40, integrada por organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones de salud y educación que rechazan la Proposición 40 de California.
La iniciativa, impulsada formalmente por Suzanne Jimenez y respaldada por el sindicato SEIU United Healthcare Workers West, propone un impuesto único de 5% sobre el patrimonio neto de las personas multimillonarias que fueran residentes de California desde el pasado 1 de enero. El gravamen se aplicaría a activos sujetos al impuesto, valuados en más de mil millones de dólares, con exclusiones generales para bienes raíces, pensiones y cuentas de jubilación. El pago debería hacerse en 2027, con la opción de distribuirlo durante cinco años bajo condiciones adicionales.
La fecha de residencia es uno de los puntos controvertidos de la propuesta, porque determinaría quién estaría sujeto al impuesto antes de que los votantes decidan sobre la medida, el próximo 3 de noviembre. Sus opositores van en contra de ese aspecto retroactivo. Sin embargo, debido a que la Proposición 42, también incluida en la boleta electoral, busca prohibir ciertos impuestos estatales retroactivos y gravámenes sobre la propiedad personal, podría afectar la entrada en vigor de la Proposición 40 si obtiene más votos favorables.
La Proposición 40 destinaría 90% de los ingresos recaudados a servicios de salud y 10% a programas de asistencia alimentaria, educación y costos administrativos. Sus promotores buscan responder a las necesidades de financiamiento sanitario, mientras sus detractores cuestionan que una recaudación extraordinaria pueda sostener compromisos públicos permanentes.
Chris Hannan, presidente del Consejo Estatal de Oficios de Construcción y Edificación de California, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas. “Ahuyentará el capital cuando más lo necesitamos, poniendo en riesgo los empleos de la construcción, nuestra infraestructura y el futuro de California”, afirmó. Agregó que la salida de inversiones podría afectar proyectos de vivienda, transporte, escuelas y suministro de agua.
El gobernador Gavin Newsom también se opone a la medida. En un mensaje reconoció la preocupación que impulsa la propuesta y cuestionó que concentre casi todos los ingresos en una sola categoría de gasto. También advirtió que no garantiza el financiamiento sostenible que necesitan las comunidades y que desatiende a las clínicas de la red de protección social y a los proveedores de salud reproductiva.
En el sector médico, Rene Bravo, presidente de la Asociación Médica de California, sostuvo que la iniciativa depende de una fuente de ingresos inestable, carece de mecanismos claros de rendición de cuentas y no ofrece una solución duradera para financiar la atención de pacientes de Medi-Cal, el programa público de salud para personas de bajos ingresos.
Jodi Hicks, presidenta de Planned Parenthood Affiliates of California, advirtió que la incertidumbre presupuestaria y la falta de precisión en la asignación de recursos sanitarios podrían perjudicar el acceso a la atención a largo plazo.
El exsecretario federal de Salud Xavier Becerra, candidato demócrata a gobernador, también cuestionó el carácter extraordinario de la recaudación. “La política tributaria tiene que ser predecible, tiene que ser estable”, declaró en marzo.
La coalición opositora sostiene que una eventual salida de contribuyentes de altos ingresos reduciría los ingresos fiscales futuros. Estas proyecciones forman parte de sus argumentos contra la iniciativa y no constituyen resultados comprobados de su aplicación.
