El arresto de un matrimonio de inmigrantes por parte de la patrulla fronteriza en mayo llevó ya a que la ciudad de National City se declare “comunidad compasiva” con los inmigrantes y apoye oficialmente la propuesta de ley que busca convertir próximamente a California en el primer estado santuario en la región.
“Creo que ya estamos viendo que la ciudad de National City cambia” por la detención de sus padres, dijo a El Latino el joven Francisco Duarte, el mayor de cuatro hermanos estadunidenses cuyos padres fueron detenidos.
“Si la ciudad puede hacer un poco por los migrantes, por poco que sea, qué mejor”, comentó el hermano mayor, de 19 años de edad, momentos antes de encontrarse con su madre, Rosenda Pérez, en las inmediaciones de la garita de San Ysidro, donde la liberó bajo fianza el ICE.
Fue un momento emocional en que la mamá y los cuatro hijos, Francisco, Luis de 17, y Arely y Aracely, gemelas de 12 años, se fundieron todos en un prolongado abrazo. La mamá apenas se distinguía, era la más bajita de todos.
El consejo de gobierno de National City aprobó por unanimidad la resolución, que si bien es simbólica porque no detiene las redadas o detenciones de patrulleros fronterizos y oficiales de migración, si declara que los nacional citadinos están en contra de esas detenciones porque separan familias y son inhumanas.
“Más que una resolución, es un mensaje (al gobierno federal) de que los líderes de la ciudad están del lado de la comunidad inmigrante”, explicó Christian Ramírez, director de derechos humanos de la Alianza San Diego.
De acuerdo con cifras de la alcaldía, el 70 por ciento de la población en la ciudad es inmigrante, más del 64 por ciento de los nacional citadinos son latinos, del resto la mayoría son filipinos y de otras comunidades.
Momentos después de la votación del cabildo en National City, en San Ysidro la señora Rosenda Pérez se reunía con sus hijos por primera vez desde que fuera detenida la mañana del 23 de mayo.
Ese día el padre de la familia salía a comprar el periódico como cada mañana a escasos 20 pasos de su casa cuando oficiales de la patrulla fronteriza en ropas de civil lo arrestaron. El señor, Francisco Duarte padre, le dijo a la empleada de la tienda del periódico que avisara a su esposa, al hacerlo, Rosenda salió a ver qué pasaba y también fue arrestada.
Desde entonces Francisco, el hermano mayor, se ha hecho cargo de sus hermanos.
El padre de la familia permanece en el centro de detenciones de Otay. No enfrenta cargos, sino acusaciones de diversas violaciones que parecen inverosímiles para quien conoce la cultura latina.
Francisco Duarte conoció a su esposa cuando ambos vendían paletas de hielo en carritos que empujaban por las calles de National City. Con el tiempo, el matrimonio consiguió establecer su propio pequeño negocio de hacer paletas al por mayor y dejar que otras personas las vendieran en carritos.
La familia vice en una pequeña casa en donde apenas caben cuatro hijos y los padres.
Según la patrulla fronteriza, una persona indocumentada no identificada le informó que ese matrimonio dejaba que personas sin documentos vendieran paletas.
La patrulla acusa, sin cargos, a Francisco Duarte de alojar en su domicilio a indocumentados a quienes explota laboralmente.
El abogado que defiende a la familia, Rubén Salazar, explicó a la corte de migración dentro del centro de detenciones que es una versión absolutamente increíble.
A favor de la familia fueron a la corte a testificar el pastor de su iglesia y maestros de los cuatro hijos.
La resolución sobre el padre se dará a conocer a mediados de julio y en caso de que se le niegue la libertad bajo fianza, el abogado planea apelar ante la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco.
El investigador y asistente del abogado, Mark Lane, explicó que la patrulla emite acusaciones graves sin fundamento cuando se trata de casos que llaman la atención de la prensa o son de un alto perfil.
El perfil de la detención del matrimonio ya unió a la comunidad y los líderes políticos de National City contra las detenciones.