El condado de San Diego, el estado de California y la administración del presidente Joe Biden desarrollan por separado acciones para prevenir desalojos en medio de la pandemia, medidas que podrían beneficiar a miles de residentes en el condado.
Este lunes, primero de febrero, entró en vigor una prohibición temporal a desalojos que propuso el alcalde Todd Gloria por al menos 60 días, como medida de emergencia en medio de la pandemia.
La propuesta fue aprobada en el cabildo de gobierno por votación de 8 a favor y uno en contra; fueron ocho votos de demócratas y uno de republicano.
La medida entró en vigor justo a tiempo para prevenir desalojos en California, luego de que la ley estatal AB3088 protegió contra desalojos hasta el domingo, 31 de enero.
Los requisitos para evitar desalojos son básicamente que las personas que rentan o pagan hipoteca han sufrido reducción en sus ingresos debido a la pandemia, y los inquilinos han seguido las reglas que les exigen las nuevas leyes locales. Sin embargo, sí pueden haber desalojos sin son por amenaza a la salud o la seguridad de la comunidad.
Mientras está en vigor la extensión de prohibición a desalojos en San Diego, California podría aprobar la propuesta de ley SB 91, que prohibiría los desalojos en el estado hasta el 30 de junio. Esa ley se perfila para ser aprobada fácilmente en la legislatura.
También hay una propuesta de extensión a la AB3088 para que se eviten los desalojos hasta el 31 de diciembre de este año.
Por su parte el presidente Joe Biden formó una orden ejecutiva que extiende dos meses una prohibición federal a los desalojos que había terminado también este domingo; la prohibición sigue ahora hasta finales de marzo.
Las personas que deseen acogerse a esa extensión del gobierno federal deberán llenar un formulario del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC) y entregarlo al propietario del inmueble que rentan.
El formulario del CDC se descarga en este vínculo: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/declaration-form.pdf
Los requisitos para aplicar para esa ayuda son que la pandemia haya impactado económicamente a los inquilinos, y que los ingresos personales sean menos de $99,000 dólares, o a $198,000 dólares por pareja, a demostrarse con el pago de impuestos por ingresos del año 2020.
Aparte, el presidente Biden pidió al congreso 30,000 millones de dólares para ayuda de renta (25,000 millones) y pago de servicios de electricidad, agua y gas (5,000 millones).
Si esa ayuda se aprueba, entonces el gobierno federal decidirá cómo aplicarla.