Casi un centenar de organizaciones fronterizas demanda que los migrantes a quienes la administración Trump hizo esperar interminablemente en Tijuana, pasen ahora a San Diego y les sea restaurado su derecho a solicitar asilo.
Los grupos aseguran que es insuficiente que el presidente Joe Biden termine con el programa que desde hace dos años obligó a las familias y migrantes, sino que es momento de restaurar el derecho al asilo, conforme la determinan las leyes, y empezar urgentemente con los migrantes más vulnerables.
De acuerdo con cálculos de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en San Diego entre los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California, había hasta 14,000 migrantes, muchos en familias, que recibieron turnos de espera para pasar a las cortes de migración en San Diego a presentar sus casos de asilo.
Los albergues que dieron refugio haninformado que muchos migrantes se han marchado luego de años de espera y con un programa cancelado desde que comenzó la pandemia, con el pretexto de que las autoridades impiden que crucen a California como medida sanitaria ante el Covid 19.
El presidente Joe Biden canceló, apenas horas después de asumir el cargo, el programa que obligaba a los migrantes a permanecer en la frontera mexicana, el Departamento de Seguridad Interior (HSD) lo confirmó en comunicado ese mismo 20 de enero, pero ahora los migrante se hallan en un limbo legal y migratorio.
El programa cumplió dos años el 29 de enero. Se conoció como Protocolos de Protección a Migrantes o MPP, pero las organizaciones consideraron que la parte de “protección a migrantes” fue más bien una burla, pues los dejó totalmente vulnerables e impactados.
“MPP fue creado por una administración que se propuso destruir el asilo y desmantelar nuestro sistema de inmigración”, dijo a El Latino la abogada Joyce Noche del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes.
Noche dijo que ahora “la administración Biden-Harris tiene la oportunidad de rectificar esto al permitir que los solicitantes de asilo en MPP continúen sus casos dentro de Estados Unidos sin grilletes digitales, pues los migrantes viven con miedo todos los días”.
Human Rughts First menciona que durante el programa MPP recaudó unas 400 denuncias de secuestrados y abusos, mientras que los niños migrantes perdieron su infancia y educación.
La abogada Noche explicó que es momento de que la administración Biden restaure el derecho de asilo conforme a la ley.
Por su parte Irving Mondragón, director del albergue para migrantes Casa de Luz, dijo a El Latino que “MPP fue una cortina de humo para disminuir dramáticamente el número de personas procesadas para su petición de asilo en Estados Unidos, en un intento desesperado por parte de la administración de Donald Trump de mostrar cifras falsas para construir el muro, favoreciendo el engaño y desinformación, a pesar de violar y transgredir los derechos de los migrantes y refugiados”.
Ese programa obligó “a las familias con niños a esperar en ambientes inseguros y fortaleció la separación familiar y en vulnerabilidad sin la protección de los gobiernos de Estados Unidos ni de México”, dijo Mondragón. Agregó que “desmanteló los derechos al refugio y al asilo como los conocemos desde 1050”.
Esta semana cerca de cien organizaciones de la frontera entre California y Baja California pidieron en carta al presidente Biden y a su administración reanudar y apurar el proceso de asilo para los migrantes que aguardan en la frontera mexicana.
En una carta, los grupos piden que a los solicitantes de asilo se les respete ese derecho sin que sean detenidos por agencias federales y sin colocarles grilletes electrónicos, y que se establezca un protocolo, que permita a los migrantes reunirse con abogados y que el proceso de asilo se reanude con prioridad para los casos más vulnerables.
La carta la firmaron 97 organizaciones de asistencia humanitaria, consejería legal, de salud, de vivienda entre otros, que han ayudado a miles de migrantes que en los últimos dos años han aguardado en la frontera mexicana tanto turnos para cruzar la frontera a pedir asilo como resultados a sus peticiones.
La carta fue dirigida al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, y a los secretarios y nominados para Seguridad, Estado y Salud, así como para los asesores en Inmigración y Seguridad Fronteriza.