Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad, informó esta semana en un memorándum a los agentes del ICE que si detienen a una persona indocumentada en algún refugio para desastres naturales o en un centro de alimentos, la comunidad va a dudar mucho cuando enfrente una emergencia.

“Si tomamos una acción en un refugio de emergencia, es posible que los no ciudadanos, incluidos los niños –estadunidenses–, duden en visitar el refugio y recibir los alimentos y el agua necesarios, atención médica urgente u otra atención humanitaria”, dijo Mayorkas en el memorándum.

El secretario dijo a los agentes de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que no deben hacer arrestos en refugios, en bancos de alimentos, en albergues para víctimas de abuso doméstico, ni en escuelas, centros de cultos religiosos y tampoco en manifestaciones o protestas.

Se trata de la más reciente de una serie de medidas con que la administración del presidente Joe Biden ha modificado las acciones de ICE, que ahora se encuentra en el índice más bajo en detenciones.

En el año fiscal que terminó en septiembre, en su mayoría durante el gobierno de Biden, el ICE detuvo a 72,000 personas, esto es menos de la mitad de los 148,000 que en promedio anual fueron detenidos y casi todos deportados, durante los años de Trump.

La cifra todavía se va a reducir este año fiscal, por efecto de los cambios de reglamento que ha ordenado el secretario Mayorkas.

Primero dijo a los agentes del ICE que ser indocumentado no es razón suficiente para detención y deportación.

Pidió a los agentes que consideren que la mayoría de quienes podrían detener y deportar “son personas que por muchos años han contribuido” a la economía estadunidense, son muchos de ellos padres de ciudadanos estadunidenses, y sin antecedentes delictivos.

El secretario dijo que los agentes mejor se debieran de enfocar en buscar a indocumentados que son un peligro para la sociedad.

Luego Mayorkas ordenó a los agentes ya no hacer redadas en centros de trabajo y, por el contrario, permitir que las víctimas de explotación laboral presenten denuncias.

De acuerdo con el secretario, las redadas en centros de trabajo se convertían en recursos de patrones que llamaban a los agentes de migración para deportar a sus trabajadores y así evitar pagarles. 

Las redadas contribuían a “un sistema laboral injusto”, dijo el secretario.

Ahora el secretario amplía los “sitios sensibles” en los que los agentes de migración deben de evitar los arrestos.

“Podemos lograr nuestra misión de aplicación sin negar o limitar el acceso de las personas a la atención médica necesaria, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de los desplazados a alimentos y refugio, el acceso de personas de fe a sus lugares de culto y otros”, comentó Mayorkas en su memorándum.

Pidió que solo se exceptúen las detenciones en esos lugares cuando se compruebe que es para preservar la seguridad nacional.