El fiscal general de California, Rob Bonta, obtuvo el pasado 15 de diciembre una resolución judicial que impide a la administración del expresidente Donald Trump penalizar financieramente al estado por errores derivados de una guía federal incorrecta sobre la elegibilidad del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La decisión fue emitida por el Tribunal Federal de Distrito de Oregon, que tras una audiencia de cuatro horas concedió de manera oral una orden judicial preliminar solicitada por el fiscal general y extendió el periodo de gracia hasta el 9 de abril de 2026.
Con ello, se evita que California enfrente sanciones económicas por fallas ocasionadas por lineamientos erróneos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
El litigio se originó luego de que, el pasado 31 de octubre, el USDA emitiera una guía que restringía de forma indebida la elegibilidad de ciertos no ciudadanos con residencia legal, excluyéndolos del programa SNAP, pese a que la ley federal sí los considera elegibles una vez que obtienen la residencia permanente.
Ante esta situación, el fiscal Bonta, junto con una coalición de varios estados, presentó una demanda contra el gobierno federal el mes pasado.
Aunque el 9 de diciembre reciente la administración federal emitió una nueva aclaración reconociendo que estos residentes legales sí califican para recibir beneficios de SNAP, se negó a otorgar a los estados el periodo de gracia obligatorio de 120 días para corregir errores causados por la guía previa.
Bajo disposiciones incluidas en la llamada “Big Beautiful Bill”, dichas equivocaciones podrían derivar en multas fiscales significativas para los estados.
El tribunal coincidió con los estados demandantes al señalar que el periodo de gracia debe comenzar a aplicarse a partir de la emisión de la guía de implementación, como establecen las regulaciones federales, lo que protege a California de sanciones derivadas de la confusión administrativa generada por el propio gobierno federal.
“Como resultado de nuestra demanda, la administración emitió una nueva guía que garantiza que los residentes permanentes legales no sean excluidos injustamente de SNAP y, con la orden judicial, logramos que los estados no paguen el costo de una orientación tardía e incorrecta”, declaró Bonta tras conocerse el fallo.
La Fiscalía General recordó que esta acción se suma a otros litigios recientes en defensa del programa SNAP.
Durante el cierre parcial del gobierno federal, California demandó al USDA para obligarlo a financiar los beneficios correspondientes al mes de noviembre, una postura que fue respaldada por dos tribunales federales.
Actualmente, el programa SNAP cuenta con financiamiento garantizado hasta septiembre de 2026.