Los Ángeles, (EFE).- La decisión de la Agencia de Protección al Medioambiente (EPA) de reconocer que hubo discriminación contra estudiantes latinos en California al exponerlos a pesticidas pone fin a más de una década de lucha en las cortes.

“Que hayan pasado 12 años de litigio para llegar a esta conclusión indica que a las agencias del medioambiente del gobierno no les importa la salud de los estudiantes en escuelas rurales porque son latinos y porque son pobres”, dijo a Efe Erik Nicholson, vicepresidente del Sindicato de Campesinos (UFW).

La EPA reconoció la semana pasada que la decisión fue producto de una querella legal interpuesta por varias organizaciones en 1999 contra el Departamento de Regulaciones de Pesticidas de California (CDPR).

A raíz de la demanda EPA acordó con CDPR incrementar el programa de medición de concentraciones de pesticidas en el aire en las áreas rurales donde están los centros de estudios.

La resolución hace efectivo el reglamento de la agencia del medioambiente que en el título VI del acta de derechos civiles de 1964 que prohíbe la discriminación intencional o efectos discriminatorios contra otras personas por raza o nación de origen.

“Todo este tiempo los niños que han estudiado en escuelas rurales han estado absorbiendo esos venenos de los cuales el bromuro de metilo ya fue descontinuado y ahora es usado otro peor que es el yoduro de metilo que también queremos que dejen de usarlo”, explicó Nicholson acerca de los pesticidas que provocan cáncer, entre otras afecciones.

“Esto ocurre por la arrogancia de la industria agrícola que no les importa el bienestar de los trabajadores y sus familias, así como no les importa que la gente se siga muriendo por falta de sombra y por falta de agua en los campos en verano”, indicó.

La EPA admitió que el bromuro de metilo fue aplicado entre 1995 y 2001 en zonas de alto porcentaje de hispanos en escuelas en zonas rurales.

Mary Simms, vocera de EPA, dijo a Efe que la respuesta oficial de su agencia significa que la “administradora, Lisa Jackson, se ha enfocado en darle salida a todos los casos relacionados al título VI para buscar una solución a esos problemas que afectan la vida de la gente”.

“Este es un arreglo histórico porque es la primera vez en la historia de EPA en que un caso de derechos civiles ha tenido pruebas preliminares que son adversas y de impacto en una comunidad”, apuntó.

“EPA está comprometida en demostrar su liderazgo en derechos civiles y en asegurar que el proceso sirva de la mejor manera a la población estadounidense para que así cada uno, especialmente los niños, tengan la oportunidad de vivir, jugar y aprender en comunidades saludables”, indica el parte oficial.

Actualmente el CDPR, a través del acuerdo con EPA, ha aceptado expandir un programa para medir las concentraciones de bromuro de metilo que han quedado esparcidos en la tierra y los mantos acuíferos en las zonas indicadas en la demanda que incluyen la zona rural de Watsonville en la que hay seis escuelas en las que la mayoría son estudiantes latinos.

Brett McFadden, jefe oficial de negocios del Distrito Escolar Unificado del Valle del Pájaro al cual pertenecen las seis escuelas rurales de Watsonville dijo a Efe que su jurisdicción escolar celebra la resolución de EPA.

“El distrito escolar está feliz de que los funcionarios estatales incrementarán el chequeo de pesticidas alrededor de las escuelas del Valle del Pájaro”, indicó McFadden.

“Muchas de nuestras escuelas fueron construidas hace muchos años en áreas de agricultura, datos e información adicional serán útiles para proteger los intereses y la seguridad de los estudiantes y el personal de las escuelas”, finalizó.

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