Chicago, (EFE).- El Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC) de Chicago saludó los nuevos estándares de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para las cárceles que alojan indocumentados a la espera de deportación, pero dijo que sus preocupaciones por los derechos de los detenidos se mantienen.

En un comunicado divulgado, el centro dijo que «lamentablemente» los nuevos estándares «no avanzan lo suficiente en la protección de todos los detenidos de ICE».

Más aun, ICE «no se ha comprometido con un cronograma de implementación» de estas nuevas reglas, que asegure que los inmigrantes indocumentados «sean protegidos de abusos, abandono y condiciones inhumanas».

El centro, que depende de la organización Heart Alliance de Illinois, dijo que en particular le preocupa la situación en tres cárceles de condados del Medio Oeste del país, denunciadas en un informe publicado en diciembre por las «condiciones deplorables de confinamiento».

«Hemos esperado varios años por estos estándares y nos complace ver que contienen algunas mejoras abogadas por grupos defensores de los derechos humanos», dijo Jane Zurnamer, directora de política del centro.

«Pero los estándares no significan nada si no son implementados o se hacen cumplir», agregó.

Según el NIJC, ICE anunció un cronograma para renegociar los contratos con los establecimientos carcelarios, para que incluyan los nuevos estándares.

Sin embargo, dice que no se incluyen en esos estándares las cárceles Jefferson County y Tri-County de Illinois, además de Boone County en Kentucky, denunciadas el 12 de diciembre en el informe «No es demasiado tarde para reformar».

Las tres están bajo jurisdicción de la oficina de ICE Chicago, que en el Medio Oeste trabaja con 26 establecimientos carcelarios que diariamente alojan un promedio de 200 indocumentados a la espera de ser deportados.

El informe, que pide el cierre de esas cárceles, dice que en Jefferson County los detenidos pasarían hambre, carecerían de atención médica a menos que puedan pagarla, no podrían cambiarse o lavar sus ropas y serían intimidados si quieren hacer denuncias.

En Boone County los indocumentados serían mezclados con la población carcelaria general y sufrirían discriminación del personal.

Y en Tri-County solamente hay un teléfono para cada 50 detenidos, quienes tienen problemas para contactarse con sus familias o abogados.

En general, el informe denuncia que en los establecimientos de detención del Medio Oeste los indocumentados son sometidos a un régimen correccional, en lugar de civil, con un control total de sus movimientos que a menudo les prohíbe el acceso al recreo exterior.

Zurnamer dijo en el comunicado que tampoco se contempla que los establecimientos de detención de Inmigración hagan cumplir la Ley de Eliminación de Violaciones en las Cárceles aprobada por el Congreso en 2003 para combatir la violencia sexual contra los detenidos.

El NIJC, y una amplia coalición de defensores de los derechos de los inmigrantes y reclusos, reclaman que el gobierno del Presidente Barack Obama incluya a los indocumentados en la protección de la ley, cuando comience a regir este año.

«Y del Congreso esperamos una legislación que incluya protecciones que encajen en la naturaleza civil del sistema de inmigración, así como castigos para las cárceles que no cumplan», dijo Zurnamer.